Un día antes de su polémica marcha del próximo 21 de febrero contra el Gobierno, Hugo Moyano recibirá una buena noticia, precisamente de parte de la misma administración a la cual ahora califica como su principal enemigo y que encabeza el presidente Mauricio Macri.

Es que, para el 20 de febrero, fue convocada la habitual reunión mensual de los directores del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que, entre otros temas, tratará el caso de OCA, formalmente conducida por el empresario Patricio Farcuh, pero que el mercado sospecha que pertenece al líder sindical.

El encuentro estaba previsto para el 22 de febrero. Pero se adelantó por razones de agenda, según explicaron desde el ente que preside Miguel De Godoy.

Lo mismo ocurrió con la movilización que impulsa Moyano, que en un principio se iba a llevar a cabo también el 22 de febrero pero que se pasó para el 21 del mismo mes para evitar que coincida con el aniversario del trágico accidente de la estación ferroviaria de Once.

De no haber mediado ambos cambios, Moyano hubiese recibido el aval oficial para la continuidad de OCA el mismo día en que iba a demostrarle al Gobierno su presunto poder de movilización en medio de la abierta pelea que se abrió luego de conocerse varias investigaciones en su contra por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El dirigente gremial, que alguna vez apoyó la gestión de Macri y de Cambiemos, ahora se convirtió en el enemigo público número uno del Gobierno en medio de todas las denuncias que lo tienen como protagonista.

Incluso, varias que involucran a OCA en sospechosas maniobras de transferencias de fondos con el gremio de Camioneros.

Mas allá de este complejo escenario político-judicial, el Enacom tiene todo preparado para otorgarle a la mayor empresa postal privada del país su certificado de continuidad operativa.

El imprescindible guiño de la AFIP

Como el Enacom está a cargo de las regulaciones del negocio postal, las empresas del sector deben presentarle cada tres meses sus papeles vinculados con las operaciones y cada año revalidar la actividad.

Se trata de un trámite casi automático ya que sólo se deben abonar $5.000, llenar varios formularios y solicitar un certificado fiscal ante la AFIP.

En la anteriores oportunidades, el ente le extendió por 30 días el permiso precario hasta que el panorama judicial que envuelve a OCA estuviera mas claro, en el marco de la presentación del concurso preventivo de acreedores que hizo la empresa, y también a la espera de la opinión de la AFIP, la principal acreedora de la compañía postal.

El último plazo que tiene OCA para poder obtener el permiso definitivo vence en la semana del 20 de febrero. Por eso mismo, será esencial la opinión de los directores del Enacom en la reunión del mismo día.

Y todo apunta a que la postura será favorable para que la compañía postal siga operando. Más que nada, porque la Justicia avaló su proceso concursal y también porque la AFIP, con la que tiene una deuda de $3.700 millones, le otorgará un amplio y favorable plan de financiación para que cancele ese pasivo.

No se trata de una excepción que beneficia a la empresa, sino un mecanismo que el ente fiscal pone a disposición de cualquier sociedad que logre entrar en concurso de acreedores.

Es precisamente lo que logró OCA, que hoy emplea a unos 7.000 afiliados al gremio de Camioneros y que sin este plan de pagos de la AFIP puede terminar en la quiebra y, por lo tanto, en la desaparición como operadora postal.

Pero, al lograr que un juzgado de Lomas de Zamora le aprobara, a fin de noviembre pasado, la apertura del concurso de acreedores, está ahora en condiciones de presentar la documentación necesaria que le viene reclamando el Enacom para otorgarle la liciencia definitiva.

Mas que nada, porque la AFIP le permitirá saldar $2.800 millones de los $3.700 millones que adeuda al organsimo que preside Alberto Abad con un plan de pagos de 96 cuotas para las deudas impositivas y de 48 para las previsionales.

El resto del dinero, $900 millones, fue generado en el período posconcursal desde mayo de 2017 en adelante. La empresa, además, debe hacer frente a embargos pedidos por la AFIP por más de $900 millones.

Según funcionarios del Gobierno que siguen de cerca la evolución de caso, la AFIP va a liberar los embargos contra OCA para que la empresa pueda cancelar sus deudas y llegar al día de la reunión del Enacom "con los deberes hechos".

Si esa premisa se cumple, no tendrá entonces problemas en entregar el certificado de "libre de deuda" que le exige el Enacom para poder renovar en febrero su licencia postal.

De todos modos, el futuro de OCA no solamente está atado a ese papel que le dará respaldo legal a su operación.

La duda es si podrá recuperar gran parte del negocio postal que perdió desde que Farcuh se hizo cargo de la empresa. 

O si se anima a despedir personal como parte de un proceso de ajuste para reducir sus costos y, también, en cómo reaccionarán los clientes que perdió en el marco de la recuperación o no de la confianza en la empresa.

De lo contrario, OCA estará nuevamente en problemas en un breve período de tiempo en el cual seguramente también entrará a tener mayor peso la relación del Gobierno con Moyano, cada vez mas deteriorada.

Incluso, estará en la mira la gestión de su presunto testaferro. Es decir, Farcuh, complicado en varias causas judiciales y sin "amigos" en el mundo del poder político que le permitan mantenerse en su actual cargo de CEO de la empresa postal.

Por lo pronto, la decisión del juez de abrir el concurso preventivo le permite a OCA alcanzar el equilibrio financiero, situación que se suma a la posibilidad de usar los fondos que habían sido embargados para cancelar otros pasivos.

"Esto es así hoy, pero el futuro de OCA y de Farcuh dependerán de la gestión", advierten desde el Gobierno.

Farcuh, acusado y acusador

Mas allá de esta mirada oficial, lo cierto es que la crisis de OCA fue precisamente producto de la irregular y sospechosa gestión de este empresario ligado a Moyano y a los negociados del sindicalista camionero.

De hecho, la sociedad presenta varias denuncias en su contra en la Justicia por supuestos delitos de evasión de impuestos y no pago de cargas patronales, entre otros.

Por eso, pocos creen en la intención del empresario de poder reestructurar su pasivo para alcanzar un salvataje de la mayor empresa postal privada de la Argentina.

Y advierten que Farcuh podría continuar con el desmanejo societario que ya viene demostrando tanto en OCA como en su propio holding que funciona bajo el paraguas societario de Grupo Rhuo.

Quienes así piensan recuerdan a iProfesional que OCA está denunciada por un presunto delito, como es el de no haber realizado los aportes patronales y previsionales de sus empleados.

Por algo similar fue denunciado también el ex Grupo Indalo, además de no haber transferido lo recaudado de un impuesto a los combustibles a las arcas del Estado.

Desde OCA no respondieron las llamadas de iProfesional para contar con la opinión de la empresa y del propio Farcuh, quien en algunas de sus apariciones públicas acusó al Gobierno, a la Justicia, a la AFIP y hasta el propio Moyano de un "complot para voltear a la empresa" y repartirse su negocio entre el Correo Oficial y otras prestadoras de menor envergadura.

Entre ellas se encontraría OCASA, propiedad de Héctor Colella, ex mano derecha de Alfredo Yabrán.

OCA es hoy el mayor operador postal privado de la Argentina. Tiene 150 sucursales, 2.000 agentes oficiales, casi 7.000 empleados y una flota de 1.000 vehículos.

Paradójicamente, Farcuh viene acusando de todos los males que aquejan a OCA a factores externos. Habla de "desfalcos" cometidos por referentes del gremio de Camioneros que manejaron OCA durante casi 10 meses en los cuales la caja de este sindicato fue usada para pagar deudas y salarios del personal.

Dice además, que los ex gerentes designados por Moyano en ese lapso cometieron el delito de administración fraudulenta, falsificación de firmas y le causaron a la empresa graves consecuencias patrimoniales.

Asegura que las deudas de OCA fueron gestadas por Moyano que, según su opinión, incrementó los pasivos de la compañía en $527 millones. 

Además, que generó un vaciamiento por $1.357 millones, falsificaciones de firmas por otros $721 millones e imputaciones contables falsas por $292 millones. También le reclama al Estado deudas por $321 millones por servicios realizados y no pagados.

Sin embargo, y a pesar de todas estas denuncias, Farcuh intentó sin éxito traspasar las actividades de la compañía y sus prestaciones a otras dos sociedades.

La maniobra, calificada por fuentes fiscales como de vaciamiento, no fue aprobada por la Justicia.