La irrupción de la crisis por el brote de coronavirus parece sumergir a los sectores sindicales en un deja vú de las pujas que le impuso el sector empresario durante la era Cambiemos. La intención de ajustar salarios agitando al fantasma de los despidos, parece estar de vuelta, ahora en un escenario dramático.

En las últimas horas, la cúpula de la CGT tomó nota sobre la demanda patronal para esta nueva etapa y que consiste, básicamente, en que la inminente extensión de la cuarentena no repita la fórmula inicial, que ordenó una licencia obligatoria por 15 días para todos los trabajadores que no integran los sectores esenciales, manteniendo las misma condiciones salariales que en una situación normal.

Las empresas, sobre todo las más afectadas por el parate económico, reclaman ahora que la extensión del aislamiento venga acompañada por un decreto que habilite la suspensión de trabajadores sin goce de sueldo. O al menos, sin el pago completo de los salarios.

A esto se suma otro caso. Horas después de la suspensión de las clases por el alerta sanitario, el Ministerio de Trabajo publicó una resolución en la que eximía de ir a trabajar de manera presencial, además de quienes integran los grupos de riesgo, a trabajadores con hijos en edad escolar. Decenas de empresas forzaron la interpretación del texto para desconocer la medida. Recién con la publicación del decreto presidencial del 20 de marzo, que estableció que las licencias eran "con derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales", las empresas acataron la medida. 

En el mundo gremial valoran los reflejos oficiales para lanzar medidas de emergencia en la primera etapa de la crisis, que combinaron el Ingreso Familiar de Emergencia, los bonos extraordinarios a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con pagos extraordinarios al personal médico y de sanidad y a empleados de comercio, pero reconocen que el escenario vuelve a traer la disyuntiva entre el mantenimiento de los puestos de trabajo en detrimento del salario.

La falta de un horizonte claro de la salida de la crisis aviva la voracidad empresaria y debilita los acuerdos de corto plazo. Así quedó en evidencia esta semana, cuando salió a la luz cómo Farmacity, una de las principales cadenas de farmacias del país, acopió insumos básicos para la crisis, especulando con los aumento de precios.

El lobby empresario mira con simpatía el proyecto de Protección de Empleo, que se discute en el Congreso de Chile. Bajo ese eufemismo, el gobierno de Sebastián Piñera promueve las suspensiones masivas en todo el mercado laboral, manteniendo el vínculo contractual, un modelo utilizado de manera parcial en Argentina por la industria automotriz y otros sectores de la industria durante los últimos años del macrismo.

Hasta hace un mes, era impensado que un proyecto de esas características fuera siquiera tenido en cuenta en la Argentina, pero la crisis por el avance del coronavirus trastocó cualquier normalidad.

En la CGT están atentos a cuánto se demande de la línea de créditos blandos anunciado el jueves, que apuntan a facilitarle recursos a las pequeñas y medianas empresas para pagar sueldos del mes que viene. Entre los principales sindicalistas del país está la certeza de que no habrá problemas con el pago de los sueldos de este mes, pero sí preocupa que pasará con los haberes de abril. La desconfianza tiene fundamentos. Desde la aplicación del aislamiento social obligatorio, transnacionales, empresas aeroportuarias e industriales tomaron medidas de reducción de jornadas laborales, suspensiones y hasta despidos.

La fábrica de aluminio Aluar, del grupo Techint, por caso, anunció que llevará al 50% su producción por la caída de la demanda. La aerolínea Latam hizo pública su intención de reducir el 50% los salarios de sus empleados y, pese a la intervención del Ministerio de Trabajo, todavía está latente el recorte. Ambas empresas tienen como común denominador la invocación a la crisis sanitaria como el "motivo de fuerza mayor" que los habilita a ajustar.

 La presión, en algunos casos fundamentada por la falta de liquidez, apunta a incidir en la redacción de la resolución en la que trabajan los equipos técnicos del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Productivo, que busca reformular el Programa de Recuperación Productiva (Repro) para adecuarlo, otra vez, a la situación de emergencia económica disparada por la pandemia.

Desde la cartera laboral anticiparon que la resolución, que se publicará en los próximos días, va a atender centralmente las necesidades de las empresas de menos de 25 empleados. "Con las empresas grandes se discute en otros términos. Tienen espalda para capear la crisis y deberían entender la situación en la que estamos", aseguran e las oficinas de la avenida Leandro N. Alem.

Otro de los cambios que van a introducir en el programa va a ser la simplificación de los trámites de otorgamiento. Hasta ahora, se le solicitaba a las empresas que acreditaran la situación de crisis mostrando cuentas y balances, algo que dejará de ser un requisito por el evidente deterioro de la situación general. 

El menú de opciones que se baraja por estas horas no descarta que las empresas importantes, a pesar de su mayor volumen, puedan acceder a los Repro pero, sobre todo, accederían a descuentos de aportes patronales o la vía libre a que se adelanten vacaciones en las actividades paradas.