Cuando todo parecía encaminado la arrendadora de Food Arts judicializó la decisión de la Legislatura. Es que el cuerpo parlamentario había dado una habilitación a la pesquera pese a su deuda con Ipesur, empresa a la cual le rentan sus instalaciones.

La pesquera adeuda alquileres, y la Legislatura actuó sosteniendo el empleo. Sin embargo, ahora, Ipesur iniciará acciones legales ante la “habilitación provisoria” que le otorgó el Concejo Deliberante de Madryn.

La ordenanza colisionaría con el ordenamiento jurídico de mayor rango. El conflicto detonó cuando Ipesur desistió de continuar alquilándole la planta por falta de pago e incumplimiento contractual.

Desde el Sindicato de la Alimentación se encuentran gestionando para que se prioricen las fuentes de trabajo. Es que unas 110 familias se encuentran viviendo situaciones de incertidumbre, por el posible cierre de la planta. Es por eso que el gremio salió a la calle para pedir por la continuidad laboral.

El inicio de la cuestión se remonta a fines de 2016, cuando se venció el contrato de alquiler e Ipesur inició acciones de desalojo contra Food Arts. A esa altura ambas empresas habían disuelto la asociación que mantenían. Además de ese litigio se sumaron otras demandas cruzadas entre las compañías.

Hasta la semana pasada Food Arts consiguió que se aprobara una ordenanza por la cual se exime del requisito de presentar algún tipo de respaldo sobre la propiedad donde funciona la planta de procesamiento.

De ese modo, se ordena al Municipio a otorgarle una “habilitación provisoria” hasta fines de marzo de 2019. Ipesur anticipó a los concejales que esa normativa local colisiona con ordenamiento jurídico de mayor rango, y hasta se pediría su inconstitucionalidad, por violar presuntamente la Constitucion Nacional en lo referido a la propiedad privada.