Surrbac: Catrambone y otros imputados tienen chapas de taxi

Surrbac: Catrambone y otros imputados tienen chapas de taxi

El número 2 del gremio y dos familiares de su esposa poseen dos licencias cada uno. Al menos otros dos integrantes del sindicato también están registrados como permisionarios.

Camionetas y autos –uno de ellos, un Mercedes Benz de 150 mil dólares–, joyas, dinero en efectivo y un plazo fijo de 700 mil dólares. Estos son algunos de los hallazgos de la Justicia federal durante los allanamientos pedidos por el fiscal Enrique Senestrari en domicilios de Mauricio Saillén y de Pascual Catrambone, las dos cabezas del gremio de recolectores de Córdoba (Surrbac). Se trata de los principales imputados –sobre un total de 19– por sospecha de lavado de activos en la mutual del sindicato entre 2009 y 2018.

Uno de ellos, Catrambone, posee dos chapas de taxi de la Municipalidad de Córdoba. Una de ellas es para un Renault Logan; otra, para un Chevrolet Classic. También aparecen, con dos licencias cada uno, Héctor Gabriel Blanes y Jorge Vicente Blanes, dos de los imputados. El primero es familiar de la esposa de Catrambone y dirige la concesionaria GB Automotores. La figura penal que pesa sobre él es la de “circulación de bienes provenientes de ilícitos penales”, la misma de la que se acusa a Vicente, también pariente de la esposa de Catrambone.

Hasta allí, las chapas que pertenecen a los imputados. Pero hay más. Consiguió asimismo una de estas Roberto Franco Catrambone, quien sería hermano de Pascual, según diversas fuentes, aunque desde el Surrbac no respondieron las consultas de La Voz sobre la cuestión.

Dos dirigentes del Surrbac también gozan de estas licencias. Uno es Jorge Alberto Gómez, secretario de cultura, prensa y deporte del gremio. El otro es Ernesto Fortunato López, prosecretario gremial, quien tiene una chapa pero de remise.

Desde la Municipalidad de Córdoba, recordaron que la gestión de Ramón Mestre “es la primera que no entregó directamente ni una chapa” y que sólo “se sortearon 200 licencias” en estos casi ocho años. Prometieron que hoy darán a conocer la forma en la que estas personas consiguieron las chapas y deslizaron que las podrían haber comprado a permisionarios.

Advertencia

El 29 de octubre de 2018, la concejala Laura Sesma –una de las primeras denunciantes de las irregularidades vinculadas a gremialistas del Surrbac, así como de la pasividad del municipio al respecto– presentó un pedido de informes al Ejecutivo.

Allí solicitaba aclarar : 1) fecha y modalidad en que fueron entregadas las licencias de taxi a Pascual Catrambone, y si existían otras a nombre de él o de su cónyuge; 2) fecha y modalidad en la que fueron entregadas las licencias a Roberto Franco Catrambone, Jorge Alberto Gómez y Ernesto Fortunato López; 3) por qué le otorgaron la licencia a Pascual Catrambone, ya que se trata de un “funcionario municipal que por sus cargos de director obrero en Crese y miembro del directorio de Cormecor contraría la ordenanza 10.270”.

Se refería a la norma que prohíbe la posesión de estas chapas a “empleados municipales y funcionarios pertenecientes a la planta permanente o transitoria y/o su cónyuge”.

En otra causa que se tramita en la Justicia provincial, la defensa de Catrambone señalaba que el acusado no era funcionario municipal, ya que sólo ocupaba su cargo en el directorio de Crese en representación de los recolectores.

Sin embargo, la Cámara de Acusación determinó que, al tratarse de una empresa del Estado que sólo maneja dineros públicos, sí correspondía encuadrar la acusación como “negociación incompatible con la función pública”.

Se trata de la causa que lo involucra por la contratación por parte de Crese de empresas que son propiedad de su hijo.

Si se siguiera ese mismo criterio, Sesma tendría razón y la cesión de licencias de taxi no sería legal.

Sobre el pedido de informes al Ejecutivo presentado al Concejo Deliberante, Sesma no obtuvo respuesta. Dijo que las autoridades no le informan nada y que la mantienen aislada.

Saillén: Lo que tengo lo gané de frente

“No ocupes tu hermoso tiempo en mí, sino en explicar a tus compañeros del Surrbac cómo hiciste para tener un plazo fijo de 700 mil dólares”. Este mensaje posteado por un usuario en Twitter fue la chispa para que, desde la cárcel, Mauricio Saillén lanzara una defensa sobre parte del patrimonio que le fue incautado el mismo día de la detención y del suculento plazo fijo en dólares que el día después salió a la luz.“Trabajando de frente, yo no me escondo”, contestó por la misma red social.En el mismo intercambio, le respondió al usuario que le sugirió educar a sus hijos usando ese dinero, a lo que el sindicalista contestó con ironía: “Buscalos a mis hijos en Roma y Suipacha, los encontrás seguro y dame una mano, educalos vos, explicales antes que sos la nueva maestra particular”.El líder del sindicato de recolectores de residuos Mauricio Saillén continúa activo en las redes sociales sin importar las circunstancias. En la Cárcel de Bouwer, en teoría, los detenidos no pueden tener teléfonos. Cuando alguien le hizo notar esto en Twitter, dijo que se trata de una cuenta administrada, que reproduce afirmaciones textuales de Saillén.En tanto, su hijo Franco Saillén, quien también quedó imputado, dijo ayer en un comunicado que estaba a disposición de la Justicia. El legislador provincial de Córdoba Podemos dijo, además, que mantendrá firme su candidatura a diputado nacional por el Frente de Todos.

Rueda tiene la decisiónLuego del apartamiento del juez federal Ricardo Bustos Fierro de la causa en contra de los líderes del Surrbac, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió ayer que fuera el camarista Luis Rueda quien defina en qué juzgado recaerá la investigación en la que están detenidos Mauricio Saillén y Pascual Catrambone.Ordenanza 12.859: transferibilidadLa norma aprobada en 2018 volvió a autorizar la transferencia de chapas, luego de que estuvo prohibida por varios años.

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