Las desventuras del clan Saillen -relatadas por sus propios protagonistas- acaban de dar un giro fantástico, de esos que separan al realismo de la ficción: han pasado de sufrir una persecución judicial orquestada por el macrismo a resistir una persecución política comandada por Hugo Moyano, a quien Juan Saillen juzga como el verdadero poder detrás del Presidente, quién le habría cedido al líder camionero el manejo de “la botonera”. Así lo explicó en sus redes sociales.

Recapitulemos. La situación del Surrbac -o, más precisamente, de los Saillen como conductores de este sindicato- es sumamente compleja. Con sus dos máximos líderes -Mauricio Saillen y Pascual Catrambone-detenidos en el marco de una causa que investiga la comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, usura agravada y administración fraudulenta, y con el sindicato y su mutual intervenidos, conservar el poder dentro del gremio no resultará nada fácil a la familia que condujo sus hilos desde su surgimiento, cuando en épocas del cristinismo el Ministerio de Trabajo de la Nación validó su creación bajo la forma de un sindicato único, es decir, no enrolado en una federación nacional.

Propiciar el surgimiento de sindicatos únicos se tornó usual en esos tiempos, tras el distanciamiento de Moyano de la ex presidenta. La idea era limitar el poder del sindicalismo organizado en entes federativos como forma de limar el poder del líder camionero.

Pero ahora los vientos soplan en otra dirección. Alberto Fernández necesita sellar la paz con Hugo Moyano después de negarle a éste, en el principio de su gestión, una serie de lugares que pretendía para sus allegados en el Gabinete Nacional. Y seguramente uno de los asuntos que el gremialista más poderoso del país tiene en carpeta es recuperar los 3.400 afiliados que Saillen se llevó de Camioneros cuando decidió hacer rancho aparte, separando caminos con quién hasta entonces había sido su padrino político.

En este marco, el hijo menor de los Saillen salió a pedirle al presidente “que se pusiera los pantalones (…) en vez de satisfacerle los egos políticos a Hugo Moyano” (sic). Confrontar en tales términos a Fernández resulta difícil de explicar en términos de estrategia, pero parece buscar llamar la atención del mandatario para que dé marcha atrás con la intervención resuelta una semana atrás por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Algo sumamente improbable.

En resumen, los Saillen, que se beneficiaron del distanciamiento que existió entre CFK y Moyano tiempo atrás, entienden, ahora que la Casa Rosada busca acercarse a Moyano, que lo que sucede detrás no es simplemente un nuevo capítulo de la política, sino persecución.

Pero en realidad, los motivos de este acercamiento son estrictamente políticos. Una alianza con Hugo Moyano podría reportar al Gobierno Nacional beneficios que jamás podría garantizarle un sindicato provincial, y el principal de ellos es tiempo.

Queda por preguntarse, por otro lado, qué podría resultar más provechoso para la Municipalidad de Córdoba. El servicio de recolección prestado en la ciudad durante la última década no sólo ha ido encareciéndose hasta representar cerca del 20 por ciento del presupuesto municipal, sino que además siempre ha estado jaqueado por un sindicato beligerante y necesitado de revalidarse a cada momento logrando beneficios simbólicamente mayores a los que ofrece Camioneros. Desde luego, de no lograrlo, su existencia misma resultaría superflua.

Esto no significa, en absoluto, que Camioneros sea un gremio dócil. Nada más lejos de la realidad. El sindicato ahora comandado por el primogénito del clan Moyano siempre ha conseguido paritarias y beneficios envidiados por trabajadores encuadrados en otras actividades, y en eso han cimentado su poder. Pero a diferencia del Surrbac, Camioneros es una federación, y Hugo Moyano un dirigente sindical que define sus estrategias en el escenario nacional, sin circunscribirse a la provincia de Córdoba. Un sindicato único, que no debe ceñirse a una bajada de línea nacional, es díscolo por definición. Y más uno que necesita revalidarse a cada momento mirándose en el espejo de Camioneros.

Atiéndase a un cercano ejemplo: tras el conflicto del transporte que paralizó la ciudad durante 10 días en junio de 2017, fue la misma Uta nacional la que dispuso la intervención de su regional cordobesa. La misma unión funcionó entonces como una contención, sin necesidad de que actuara el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Finalmente, vale preguntarse por el rol que el peronismo -hoy oficialismo en la Municipalidad- pudiera jugar en el conflicto. Hay quienes creen que el PJ podría operar entre los delegados del Surrbac para alentar el surgimiento de una línea interna que precipitara una ruptura del espacio que lideran los Saillen. Otros entienden que esto generaría la adopción de una medida de fuerza dilatada que podría disponer a la opinión pública en contra del Palacio 6 de Julio, y que tomar una iniciativa de este tipo sólo sería posible si fuera el sindicato el que iniciara las hostilidades.

De momento, nadie rompe equilibrio. La duración de la intervención dispuesta por Trabajo será determinante.