La Obra Social del Personal del Azúcar (OSPA), del Ingenio San Martín del Tabacal, enfrenta dificultades para financiarse, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA), Martín Olivera, quien por esto responsabilizó en primer lugar a la empresa Seabord Energías Renovables y Alimentos, a cargo del Ingenio. Y en segundo lugar ensambló la aceleración de esa política a las decisiones del gobierno nacional.

En 1996 la multinacional se instaló en Hipólito Yrigoyen, uno de los pueblos del departamento Orán en el norte salteño. En aquel momento se producían 90 mil toneladas de azúcar al año y se contaba con 2.500 trabajadores dentro del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Antes de que termine la década signada por las políticas neoliberales del menemismo la firma despidió a mil trabajadores, se tercerizaron algunos sectores como limpieza y seguridad, y se cambió el estatus del trabajador permanente al temporario.

“Quedan solamente unos 300 trabajadores permanentes”, relató Olivera. Se creó además la figura del eventual, “que es el que trabaja entre tres y seis meses y cada seis tenía la renovación del contrato de trabajo”, en concordancia con la disciplina desplegada.

Actualmente hay 1.192 trabajadores en el Ingenio, entre permanentes y temporarios. La última tanda de despidos se dio en 2018, cuando fueron desvinculados 181 empleados. Este año se sumaron 16 despidos más, y otras 36 desvinculaciones por “mutuo acuerdo”.

En contraste, dijo Olivera, la empresa produce 220.000 toneladas de azúcar por año, 400 mil litros de alcohol para biocombustibles por día durante los 180 días que dura la zafra, y además genera energía. Sumó también la reconversión de los cultivos a caña de azúcar de las fincas cercanas, lo cual implicó menos trabajo en la zona a raíz del monocultivo y la maximización del transporte de la materia prima en las cajas de camiones de 12 toneladas a 16 toneladas. “Todo esto redujo los puestos de trabajo”, no solo en la empresa, sino también en la región, explicó.

Muchas de las fincas próximas que ahora producen caña de azúcar para venderla al ingenio, antes se dedicaban a la siembra de frutales y hortalizas, que requieren de mayor cantidad de mano de obra.

Por debajo de la inflación

El STA de Tabacal y el sindicato del ingenio Ledesma (en Jujuy) acordaron para este año un 30% de incremento. Olivera reconoció que el índice está por debajo del 55% de inflación que se prevé para fin de año. Sin embargo, sostuvo que los directivos de la Seabord lograron operar en las asambleas de trabajadores con “delegados” de la empresa que terminaron por llevar a la mayoría a aceptar un arreglo “con el que no están de acuerdo ni las autoridades del Sindicato ni la comisión jurídica”.

La llamada paz social que solicitó la empresa en tiempos de conflicto estuvo lejos de ser garantía para evitar despidos. Desde 2017 se evitaron las medidas de fuerza, y desde ese año ya hubo más de 200 desvinculaciones.

Las tercerizadas o subcontratistas (desde el STA se contabilizan unas 100), licitan para la Seabord. Gana el presupuesto más bajo. Los trabajadores de esas empresas entonces cuentan “con contratos que en su mayoría no llegan a lo establecido para los empleados de ese sector, ni con vacaciones pagas o aguinaldo”, dijo el sindicalista. La paritaria no existe.

Si bien se tomaron los recaudos para impedir quedar con números en rojo o terminar en quiebra, Olivera sostuvo que la situación de prepagas importantes, como Swiss Medical, está advirtiendo sobre el desfinanciamento en la obra social. “A ellos en noviembre la Superintendencia de Salud les va a permitir el séptimo incremento. Nosotros subimos una sola vez al año, dependiendo del arreglo salarial”, detalló. 

Ello sin contar que la OSPA también brinda el servicio a trabajadores despedidos, por un período de entre ocho meses y año y medio, dependiendo de la antigüedad que tenía el empleado. Olivera puso como ejemplo que en la primera tanda de despedidos en 2018 había trabajadores con hijos con discapacidad y esposas con enfermedades oncológicas. El caso más grave tenía que ver con la hija de uno de los desvinculados que precisaba de un trasplante. Los costos a afrontar son millonarios y los ingresos no acompañan.

La incoherencia de las políticas nacionales está en que mientras se determina una canasta básica de 34 mil pesos, el trabajador que quedó desocupado cobra un seguro de desempleo de tres mil pesos. La onda expansiva llegó a la familia, a los pequeños comercios de la zona y a la región. La obra social queda entrampada en la posibilidad de quedar con los números en rojo en medio de una debacle que puede generar su quiebre.