Las principales cámaras patronales, nucleadas en el grupo de lobby autodenominados G-6, presiona por flexibilizar el marco regulatorio aún no aprobado para el teletrabajo. El proyecto de ley ya cuenta con media sanción de Diputados y esta jueves comenzó su tratamiento en Comisión de Senado. Otorga una serie de derechos a los trabajadores y trabajadoras para esta modalidad y de obligaciones para los empresarios, con el objetivo de evitar abusos. El G-6, compuesto por los sectores más poderosos del país, envió a los legisladores una "nota de trabajo" en la cual señala que el actual proyecto no favorece la promoción de la actividad, algo así como el eterno pedido de flexibilización laboral para fomentar el empleo, algo que nunca sucede. 

"No se tomaron en cuenta recomendaciones tendientes a eliminar desincentivos a esta modalidad y a constituirse en una herramienta de promoción de empleo", afirma el documento que enviaron los presidente del bloque del Senado el G-6, compuesto por la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Asociación de Bancos de la Argentina. Los popes empresarios le habían manifestado sus "preocupaciones" al presidente Alberto Fernández en la previa de la foto en la Quinta de Olivos en el Día de la Independencia. Según dejaron trascender desde el Gobierno, el mandatario les aseguró que no habría modificaciones de fondo en el proyecto respecto de lo que se aprobó en la Cámara baja.

El G-6 pretende una redacción nueva y que vuelva a Diputados. De hecho, en el documento expresa no entender el apuro para una medida que no se implementará en lo inmediato. El proyecto establece un período de vigencia tres meses posterior a finalizado el aislamiento preventivo frente al COVID-19.

“Entendemos que el teletrabajo es una potente modalidad que la Argentina necesitará promover, ante la necesidad de sostener y crear empleo. Sin embargo, el proyecto aprobado por la HCDN no recoge la preocupación y las recomendaciones propuestas por las distintas fuerzas políticas y por las entidades convocadas durante la discusión del proyecto”, asegura la nota del G-6.

La iniciativa, que actuaría como una ley marco, a la que después cada convenio de trabajo deberá incorporar las adecuaciones. Establece una serie de derechos y responsabilidades entre las se destacan el derecho a la desconexión digital. El empleador no podrá exigir la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral. También se consideran derechos colectivos y la organización gremial para ponerlos en igual de condiciones respecto a los trabajos presenciales. 

Desde el G-6 señalan que debe incluirse "un criterio objetivo que determine cuándo se está en presencia de teletrabajo y cuándo de una prestación remota eventual, excluida de este régimen". "En cuanto a la jornada de trabajo, debiera eliminarse la prohibición de remitir comunicaciones fuera de la jornada de trabajo, así como la obligación de contar con un sistema que impida contactar al trabajador fuera de hora", agrega el texto que despliega su idea flexibilizadora sobre la nueva modalidad de empleo.

El proyecto contempla también una perspectiva de género que el G-6 critica. En el proyecto se establece condiciones para el cuidado de personas de su entorno familiar. "Puede desincentivar la creación de empleo para quienes presten tareas de cuidado", expresaron los empresarios. También considera necesario "limitar la  contratación de trabajadores extranjeros dado que viola el principio de territorialidad de la Ley de Contrato de Trabajo y atenta contra la libertad de contratación". Por último, piden que el Estado financie a las empresas para otorgar el equipamiento necesario para ofrecer esta modalidad.