“Apoyamos la distribución en todas las universidades nacionales que existen en el país, según las pautas objetivas que se vienen utilizando”, expresó al respecto la secretaria general del gremio, Patricia Riobó.

Aclaró además que esto no implica “que en casos especiales no se puedan gestionar fondos extraordinarios para nuevas carreras o gastos de crecimiento en infraestructura y puesta en funcionamiento del convenio colectivo de trabajo (CCT)”, afirmó.

AGDU adhirió a la solicitada que los rectores de las universidades nacionales del país emitieron contra la decisión del Gobierno nacional de asignar 1028 millones de pesos sólo a 21 universidades, excluyendo de la distribución a otras 34 casas de altos estudios.

Los rectores –que dirigieron la solicitada a los Senadores nacionales, luego de que Diputados diera media sanción al Presupuesto 2017– señalaron que se trata de “una decisión arbitraria que ignora absolutamente todos los criterios de asignación acordados unánimemente por el Sistema Universitario en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional. Esta decisión pretende destruir un sistema que, aunque seguramente perfectible, estaba consensuado por el total de las universidades públicas en el marco institucional que les confiere la Ley de Educación Superior de la Nación”.

“Como universitarios y universitarias –entendiendo por ello a la comunidad de agentes que día a día materializamos con nuestras acciones la construcción del sistema universitario todo- exigimos que se aplique un criterio transparente que alcance a todas las instituciones del sistema universitario de manera equitativa”, continúa la solicitada, a la cual también adhirió la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

“La casa de la Democracia, de los representantes del Pueblo como son los legisladores, la cámara de senadores que refleja el federalismo que consagra nuestra constitución, debe revisar esta discrecional e inconsulta asignación de recursos que perjudica la formación de los jóvenes de nuestra comunidad nacional”.

“Por ello, los abajo firmantes nos manifestamos en contra de la asignación arbitraria de presupuesto ajeno a las reales necesidades funcionales de nuestras universidades y exigimos la revisión y redefinición de la misma”, completa la solicitada.