Desde hace casi 8 años, el Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos viene dando la pelea por recuperar la dignidad de todos los trabajadores. Y ya a mas de un año y medio de la conformación del Bloque Nacional de Seguridad Privada, esta lucha se ha intensificado a partir de que Christian López junto a Leónidas Requelme, entendieron que la unidad es la única forma de salvar una actividad devastada por 40 años de dirigentes que mantuvieron relaciones carnales con el sector empresarial y la pasividad de los organismos de controles estatales. 

En ese camino, las organizaciones sindicales que componen el Bloque Nacional de Seguridad Privada han mantenido innumerables reuniones con actores políticos, ministeriales y gremiales a fin de exponer y encontrar soluciones a la grave situación que afrontan los trabajadores, principalmente propiciada por las indefiniciones que pesan sobre el gremio nacional UPSRA  donde aun algunos poderes mantienen a un secretario general ilegítimo como Ángel García que, a pesar de tener el mandato vencido y sin presentarse a un proceso electoral desde 2012, no es intimado por el Ministerio de Trabajo a convocar elecciones democráticas en el gremio y sigue actuando contra la voluntad de los trabajadores firmando desde su departamento en Belgrano incrementos salariales insuficientes que están bajo la línea de la pobreza.  

No podemos decir que el estado no actúa porque desconoce la situación: sumado a las innumerables denuncias que venimos realizando, el mismo Presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó el decreto de intervención de la obra social de los vigiladores y enumeró las razones citando “el estado de indefinición” que atraviesa UPSRA (DNU. 264/2021). Pese a eso, García y su esposa, ambos señalados como responsables  del desfalco en la OSPSIP por el Primer Mandatario y su Ministra Carla Vizzotti, continúan caminando impunemente por las calles sin que el peso de la ley caiga por sus actos en desmedro de la institución que debió brindar salud a los trabajadores de seguridad. 

Aunque los dirigentes del gremio de los vigiladores han tocado casi todas las puertas, la sensación y el sinsabor que queda es que existe una red de complicidades con sectores políticos y judiciales para seguir profundizando la precarización que sufren los trabajadores, que hay un desinterés absoluto de parte del Estado Nacional para subsanar la grave crisis que afrontan cerca de 250000 trabajadores, virtualmente abandonados a su suerte. ¿Hubo funcionarios del gobierno involucrados en convalidar elecciones truchas de Ángel García? ¿Existirán Ministros del Estado que homologaron acuerdos ilegales entre García y los empresarios en desmedro de los trabajadores? ¿Ángel García habrá pagado dádivas a jueces para frenar las causas que investigan diversos ilícitos y para seguir al frente del gremio a través de una medida cautelar? ¿Cuál es el miedo de la justicia para no hacer caer el peso de la ley contra García y sus socios? ¿Cuál es el temor del Ministerio de Trabajo para no decretar de forma urgente un delegado normalizador en UPSRA a fin de sanear el gremio y convocar a elecciones? Si García cae, ¿caerán muchos detrás de él? Muchos interrogantes, más dudas que certezas que alimentan las suspicacias frente a la pasividad de un estado que aparentemente no le interesa en lo más mínimo lo que ocurre en un gremio conducido por un dirigente que desde hace 10 años no es votado por sus trabajadores. Sin dudas, el caso de Ángel García debe ser inédito en el sindicalismo argentino y mundial. 

Y para colmo de males, la situación gremial no es lo único que padecen los trabajadores: las empresas de seguridad que incumplen las leyes laborales flexibilizando a los trabajadores ante los ojos inmutables del Ministerio de Trabajo, ahora también suman evasiones de aportes patronales, actuando en desmedro de organismos estatales como ANSES y AFIP. Así, los empresarios de seguridad le meten la mano en los bolsillos al Gobierno Nacional frente a sus narices y en vez de implementar sanciones, se los premia con ayuda económica estatal que proviene de los impuestos y contribuciones que realizan todos los habitantes de la nación argentina. Los empresarios de seguridad que explotan una actividad que no requiere gran inversión en medios de producción, tienen ganancias exorbitantes, evaden sus responsabilidades fiscales y laborales, y además son financiados por el estado a través de subsidios como fue el ATP y ahora el REPRO pagado por todos los ciudadanos argentinos: son los planeros millonarios de guantes blancos. 

El gobierno nacional debe intervenir en carácter urgente sobre la gravedad que afronta la actividad de la seguridad privada, ya no hay más margen de especulación por parte de aquellos que mantienen oscuros intereses en que la normalización de UPSRA no se lleve adelante. Exigimos que las instituciones, los ministerios y los funcionarios funcionen o no nos van a dejar otra opción que plantear un gran conflicto antes de que finalice el año, tomando las calles y afectando la normal actividad de grandes logísticas, refinerías, puertos, aeropuertos, bancos, y cualquier otro  lugar donde haya un trabajador de seguridad privada para exigir la dignidad y lo que por derecho nos corresponde. Exigimos una UPSRA democrática y normalizada. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga.