Luego de que el Gobierno decretara como públicos los servicios de internet, televisión paga y telefonía móvil y el congelamiento de sus tarifas hasta fin de año, el secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que "la reacción de las empresas de telecomunicaciones suena a extorsión” ya que “comenzar a hablar de poner fin a las inversiones o bajar la calidad de los servicios es directamente una amenaza".

El dirigente evaluó que "resulta paradójico que los sectores políticos que salen a cuestionar la intervención del Estado sean los mismos que hicieron cargar sobre las espaldas de todo el pueblo tarifazos superiores al 3500%" y agregó: "El carácter esencial y público que recuperan la telefonía, internet y televisión por cable es un avance importante para disminuir las desigualdades sociales y da certidumbre a trabajadores, jubilados y sectores populares".

Aguiar sostuvo que "la suspensión de cualquier incremento hasta fin de año y la posibilidad de un programa que garantice una prestación básica y universal son muy buenas noticias” porque “por un lado desacelera parte de la pérdida del poder adquisitivo y por el otro otorga accesibilidad a sectores sociales que han sido muy vulnerados". Durante los últimos cuatro años, los servicios aumentaron en un 164,8% para el cable, 192% en telefonía móvil y 272,8% en internet, sumado al amplio 3624% de electricidad, según informes de Infobae y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Ante las repercusiones del DNU 690/20, el adjunto de ATE señaló que "quienes sostienen que éstos son servicios que se prestan privadamente y bajo la libre competencia, en realidad están defendiendo los intereses de uno de los complejos empresarios que mayores rentabilidades han obtenido en el país durante los últimos años" y puntualizó: “Dirigentes del PRO como el senador Humberto Schiavoni reconocen que no leyeron el decreto pero igual salen a oponerse. Debieran disimular un poco más. Se les nota mucho para quienes trabajan".

"En este caso es acertado que el Estado intervenga garantizando el acceso y la conectividad a todos los sectores sociales. Sin dudas es una decisión inclusiva que genera mayor igualdad. Las conexiones debieron haber sido siempre de calidad y a precio razonable", indicó el referente nacional. El 45% de la población latinoamericana no posee banda ancha, según un informe de la CEPAL.

En esta línea, el sindicalista consideró que “este decreto da la sensación que responde a una demanda de la emergencia, pero también se transforma en una iniciativa para comenzar a transitar la post pandemia, ya que refuerza derechos humanos esenciales como el acceso a la educación, cultura y comunicación entre otros". Distintos organismos internacionales, como las Naciones Unidas (ONU) y Organización de Estados Americanos (OEA), emitieron un comunicado en 2019 solicitando a los estados que reconozcan el acceso y uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión.