Para el gremio, el gobernador Alberto Weretilneck y el titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi, tomaron “decisiones administrativas ilegales” en el seno del Consejo de la Función Pública, imponiendo “un miserable adelanto de un 9% promedio a cuenta de futuros aumentos”. ATE consideró que “la estrategia del gobierno provincial y ese gremio fracasa a la hora de desalentar los reclamos en el Estado, y ratifica la continuidad del plan de lucha”.

“A Weretilneck y Scalesi bien les cabe lo que Mirtha Legrand le dijo a la pareja presidencial ‘Ustedes no ven la realidad”, comparó Aguiar.

“Este gbierno está cada vez más lejos de jerarquizar el empleo público y reconocer el sacrificio, la vocación de servicio y los esfuerzos cotidianos que realizan los estatales. El acta firmada es una burla. Siguen precarizando la estructura salarial de todos”, continuó Aguiar.

“Estos funcionarios actuales nos quieren dar las sobras de su banquete. Tenemos que seguir estando en la calle y profundizar todas las acciones para impedir que sigan ajustando a todo el pueblo”, arengó Aguiar y completó: “Este mísero nueve por ciento, aunque fuera retroactivo a enero y no se tratara de una suma en negro, solamente podría ser considerado como compensación por el deterioro inflacionario del 2016”.

Para la entidad sindical, el gobierno “continúa menospreciando y burlándose de los trabajadores estatales, está muy lejos de jerarquizar el empleo público, reconocer los esfuerzos, la vocación de servicio y los constantes sacrificios de los agentes de todos los ministerios y organismos que dependen de la Administración Central”.

Una vez que se haya cumplido el paro total de actividades de 48 horas, ATE convocará asambleas en cada una de las seccionales para definir la continuidad de las medidas de fuerza tendientes a lograr un aumento salarial anual del 40%, rechazar el recorte de gastos impulsado mediante el decreto 58/17 y poner freno al proceso de fuerte ajuste que se está llevando adelante en Río Negro. Cabe destacar que se encuentran afectados los servicios públicos esenciales de Salud, Educación, Desarrollo Social y Seguridad.