Por: Mariano Martín.

Por primera vez en la historia de las obras sociales sindicales el Estado concretó un aporte extraordinario de fondos por parte del Tesoro: se trata de 7.390 millones de pesos que el Gobierno asignó a Salud para su distribución en las prestadoras de los gremios para compensarles los gastos extraordinarios que debieron afrontar durante la pandemia. El monto, un desembolso inédito apartado antes de las PASO, deja sin embargo un saldo pendiente de $ 4 mil millones respecto de la promesa que Alberto Fernández le había hecho a la central obrera en varias reuniones. Esos recursos y un cepo por decreto a los traspasos entre obras sociales fueron los dos grandes compromisos asumidos por el Jefe de Estado y que este diario reveló en exclusiva en mayo pasado.

La inyección de fondos quedó plasmada en la Decisión Administrativa 894/2021 firmada por el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. En esa norma el Ejecutivo da a conocer un rebalanceo de las partidas de fondos contempladas en el Presupuesto de este año. Según las planillas anexas de esa resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), órgano de control de obras sociales y prepagas, recibió una “contribución de la Administración Central para financiar gastos corrientes” que desde entonces quedó habilitada a transferir.

Como había anticipado este diario, la promesa del Presidente a los gremios contemplaba un desembolso total de 11.400 millones de pesos a las obras sociales en concepto de sostén financiero por los gastos extra derivados de la pandemia en servicios para sus afiliados discapacitados. En función de la estructura de costos que la CGT le presentó a Alberto, en el Gabinete económico se resolvió quitarles a los ministerios de Educación y Transporte parte de sus recursos con el argumento de que los fondos irían a cubrir las prestaciones por esos rubros dadas por las entidades de salud de los gremios. Es decir, traslados, movilidad y servicios educativos para discapacitados.

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El 6 de mayo pasado, en un almuerzo en la quinta de Olivos, el jefe de Estado se comprometió a inyectar del Tesoro esos recursos al sistema gremial y también a decretar la prohibición de traspasos entre obras sociales en el primer año de contratación de un trabajador, un reclamo histórico de las entidades más grandes del sector y que terminó por firmar en julio. Desde aquellas promesas y, sobre todo, una vez que comenzaron a cristalizarse en medidas, la CGT le devolvió al Presidente con todo tipo de gestos de apoyo, en particular la semana pasada una vez que se tensó al máximo el vínculo entre Alberto y Cristina de Kirchner.

El desembolso de los primeros 7.390 millones de pesos aparece al fondo de las planillas de la Decisión Administrativa firmada por Cafiero y Guzmán. En concreto, en la página 206 de las 208 que tiene el Anexo I de la norma que postula que “resulta necesario modificar el presupuesto vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, a los efectos de afrontar parcialmente los incrementos del mecanismo de integración que cubre las prestaciones médico-asistenciales previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.