El estudio, elaborado por el Instituto Económico Alemán (IW), estima que alrededor de cuatro millones de familias recurren a este tipo de contratación informal, lo que configura uno de los mayores bolsones de empleo no declarado del país. La situación deja a miles de trabajadores sin derechos básicos, como cobertura médica, aportes jubilatorios o seguros ante accidentes laborales.

Entre los factores que explican este fenómeno, el informe señala que muchos empleadores consideran estas tareas como una “ayuda ocasional” y no como una relación laboral formal. A ello se suman los altos costos de las cargas sociales y la complejidad administrativa que implica registrar legalmente a un trabajador doméstico.

Según los datos relevados, el pago por estos servicios oscila generalmente entre 15 y 25 euros por hora, y el gasto anual de los hogares en empleo doméstico no declarado supera los 8.600 millones de euros, con un impacto significativo en la recaudación tributaria del Estado.

Especialistas advierten que el empleo doméstico informal afecta de manera particular a mujeres y personas migrantes, quienes concentran la mayor parte de estas tareas y suelen encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad laboral.

El informe concluye que la magnitud del problema pone en evidencia la necesidad de reformas y políticas públicas que faciliten la formalización del empleo doméstico, reduzcan los costos para los empleadores y garanticen derechos laborales básicos para quienes se desempeñan en este sector.