La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) alerta a trabajadores y prestadores de clínicas privadas con un reciente informe en el que advierte que el sistema de guardias e internaciones clínicas –que da cobertura a más del 65 % de la población– podría colapsar debido al creciente impacto de lo que califican como una “judicialización descontrolada”.

Según la entidad, la proliferación de juicios laborales y denuncias por mala praxis, sumada a fallos judiciales sin sustento técnico adecuado, está generando un escenario de «inseguridad jurídica» que afecta gravemente tanto al sector público como al privado de la salud. “El sistema sanitario argentino está en una situación crítica no solo por factores económicos o de gestión, sino por un fenómeno más corrosivo: la judicialización arbitraria”, señala el comunicado.

Desde CAPRESS explican que los prestadores enfrentan indemnizaciones millonarias en dólares, así como el riesgo constante de sentencias que no contemplan las realidades técnicas ni financieras del sector. Esta situación estaría provocando el temor generalizado entre profesionales de la salud, la disminución de inversiones y una amenaza concreta al sostenimiento de las guardias e internaciones clínicas.

Reforma laboral específica y comisión técnica: las propuestas del sector

Ante este escenario, la Cámara propone una reforma normativa integral, con especial énfasis en una reforma laboral a medida del sector salud, que contemple su especificidad. Entre las medidas que consideran urgentes, destacan:

- Creación de una Comisión Técnica Nacional de Evaluación de Responsabilidad Profesional Médica, con dictámenes vinculantes previos a cualquier demanda judicial.

- Regulación diferenciada del régimen jurídico-laboral, distinguiendo entre vínculos autónomos y relaciones de dependencia.

- Límites legales a la actualización judicial de indemnizaciones, considerando la capacidad económica real de los prestadores.

- Incorporación de herramientas legales contra litigios temerarios o extorsivos.

- Declaración del sistema de salud como sector esencial y estratégico, con garantías especiales frente a decisiones judiciales que puedan paralizar servicios críticos.

Desde CAPRESS insisten en la urgencia de una respuesta legislativa que equilibre la defensa de los derechos de los pacientes y trabajadores con la sostenibilidad del sistema. “No se trata de eliminar responsabilidades, sino de introducir criterios técnicos y realistas para evitar que el sistema colapse”, concluyen.