Hasta aquí, la CGT ya consiguió el dictado de una medida cautelar que suspendió provisoriamente los efectos del capítulo laboral del DNU.

La jueza nacional del Trabajo Silvia Garzini habilitó la feria judicial y le dio 72 horas el Poder Ejecutivo Nacional para emitir su informe por la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica del presidente Javier Milei.

La jueza dispuso "requerir al Poder Ejecutivo Nacional que en el plazo de 72 horas evacue el informe circunstanciado al que alude el artículo 8 de la ley 16.986", según surge de la resolución de tres páginas a la que accedió Télam. Después de cumplido el plazo fijado por la jueza, la magistrada estará en condiciones de dictar un fallo.

Hasta aquí, la CGT ya consiguió el dictado de una medida cautelar que suspendió provisoriamente los efectos del capítulo laboral del DNU.

El DNU 70/2023 establece una reforma laboral con modificaciones "peyorativas y permanentes", dice la CGT

La CGT considera que el DNU 70/2023 viola el principio de división de poderes y establece una reforma laboral con modificaciones "peyorativas y permanentes" en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, garantizados por los tratados internacionales y la propia Constitución Nacional.

El pedido de habilitación de feria había sido formulado esta mañana a través de un escrito presentado por Héctor Daer, en su carácter del secretario General de la CGT, con el patrocinio del abogado Pablo Topet.

"Se viene a peticionar se habilite la feria judicial para proseguir con el trámite de la acción de amparo en virtud de la importancia institucional de la causa, en razón de la representación colectiva que posee la Confederación General del Trabajo" indica la presentación.

El capítulo que objeta la principal representación sindical de los asalariados de la Argentina contempla, entre otras cosas, la ampliación del período de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.