El deterioro salarial y los problemas en el sistema de salud de las fuerzas de seguridad y militares generaron una convocatoria a protestar este lunes frente al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional.

El reclamo involucra a integrantes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que reclaman una recomposición de sus ingresos.

La protesta adquiere además una particular relevancia porque el malestar habría alcanzado a sectores de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la información publicada, grupos de oficiales intermedios del Ejército, entre ellos mayores y tenientes coroneles, evaluaron participar de una acción conjunta con miembros de Gendarmería y Prefectura.

La eventual participación de militares en actividad constituiría un hecho excepcional debido a las restricciones y consecuencias disciplinarias que pueden enfrentar.

Reclamo por salarios y cobertura de salud

El eje del conflicto es la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos años, a la que se suman cuestionamientos por el funcionamiento de la obra social.

Según un informe interno citado por la publicación, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los haberes de las Fuerzas Armadas aumentaron 139,03%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor acumuló una variación del 219,14% durante ese período. En ese contexto, dentro de las fuerzas también existe preocupación por las bajas de personal y por la necesidad de complementar los ingresos con otras actividades laborales.

La diputada nacional de Unión por la Patria y vicepresidenta de la Comisión de Defensa, Agustina Propato, sostuvo que el deterioro salarial habría provocado unas 19.000 bajas y afirmó que el 70% del personal militar y de seguridad percibe ingresos inferiores a la canasta básica alimentaria. “No hay posibilidades de pensar un sistema de defensa si no pensamos en el capital humano, en el recurso más valioso”, planteó.

Un aumento bajo análisis

En medio del conflicto, según la información publicada, el Gobierno evaluaría una recomposición salarial cercana a los $100.000 distribuida en tres cuotas. La alternativa, sin embargo, sería considerada insuficiente por sectores de las fuerzas frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada. El reclamo salarial aparece además mientras el Gobierno avanza con distintos programas de reequipamiento militar. Esa situación profundizó los cuestionamientos internos sobre la distancia entre la inversión destinada a equipamiento y los ingresos del personal.