Directivos de la empresa SanCor son acusados por una nueva maniobra fraudulenta que afecta a sus acreedores, entre quienes se encuentran los trabajadores de la firma con los que se mantiene una deuda salarial.

Vía carta documento, el apoderado del sindicato lechero ATILRA, Ovidio Otero, notificó a los responsables de la firma que iniciará las correspondientes acciones civiles y penales al acusarlos de colocar fuera de la órbita de la empresa el flujo de Caja, que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 743 CPCCN, es garantía común de los acreedores.

De acuerdo a esa norma, el propio contrato en su Anexo I establece y crea una prioridad de Acreedores privilegiados totalmente ajena incluso a las categorías previstas en la Ley Concursal. 

De esta manera, el contrato fraudulento limita y detrae el Derecho de Propiedad de los Acreedores impidiendo el acceso a la percepción de sus créditos, resultando lesivo a los derechos de terceros, en los términos del artículo 1.004 CPCCN.

Tanto el Cuerpo de Delegados de Sancor CUL, como los Directivos de OSPIL, AMPIL y ATILRA, así como los asesores letrados consultados, coinciden al afirmar que el mencionado contrato constituye un claro fraude en los términos del artículo 172 y cc del Código Penal Argentino, violando además las expresas disposiciones de los arts. 9, 12, 340, 1.004, 1.674, 1.686 y cc del CCCN, y resultando por inoponible a los acreedores afectados.

Crece la bronca de los trabajadores contra directivos de SanCor

Tras las recientes denuncias por evasión fiscal, los trabajadores también coinciden al sostener que los directivos de la empresa han vuelto a delinquir, y que pretenden acallarlos con el armado de falsas denuncias de amenazas contra los delegados del personal. Es por ello que reclaman imperiosamente la intervención de la Justicia.

A tal fin y en tanto ya se ha enviado carta documento a los responsables del fideicomiso fraudulento detectado, intimando el cese inmediato de la conducta antijurídica, los especialistas se encuentran preparando la denuncia penal para que los responsables sean incriminados, juzgados y condenados.