Desde siempre el Poder Judicial ha resuelto cuestiones de trascendencia, ya sea general, individual o de ambas naturalezas. Esta situación demanda la preservación de la honorabilidad de quienes tienen a su cargo tan importante y, tal vez, inapelable tarea. Es que debe tenerse presente que los sacrificios que pueden hacer los interesados en alguna decisión pueden calzar con las debilidades de quienes llevan a cabo tales tareas.

Eso sí, el barro en la toga trae un costo mucho mayor que el de la tintorería, aunque casi nunca para el dueño de la toga. Si lo soportan en forma directa las víctimas de esas debilidades e, indirectamente, la sociedad toda.

Algo de ese barro oportunamente sacudió la materia laboral cuando se sucedieron despidos en la Agencia Telam, en tiempos de Macri y las sospechas se ciñeron tanto sobre decisores como sobre supuestos operadores.

El Poder Ejecutivo, por su parte, también dirime cuestiones sensibles y, en materia de elecciones sindicales, ha sido el árbitro más frecuente. Ello más allá que sus decisiones luego puedan ser cuestionadas en el Poder Judicial.

Con los años se cuentan muchas elecciones en las que el Poder Ejecutivo intervino que estuvieron rodeadas de suspicacias de todo orden. En particular aquellas en que dispuso la normalización de un sindicato por no convalidar procesos electorales.

Si bien ocasionalmente lo mismo sucedía con algunas resoluciones que llegaban a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), estas no abundaban pues las partes muchas veces no iban más allá del Ministerio y porque muchas Salas que integran esa Cámara escapaban con su conducta de toda sospecha.

En el último tiempo, y tras un período en el que los rumores sobre la calidad de la prestación de la autoridad administrativa del trabajo abundaron, con el dictado del decreto 342/2025 la Secretaría de Trabajo se sacó esas situaciones de encima y decidió que debía ser la CNAT quien decida en tales controversias. Esta decisión sobrevino poco tiempo antes que el propio Poder Ejecutivo aparezca con la intención de disolver el fuero que él mismo empoderó.

La paradoja podría resultar en una actuación ejemplar de la autoridad judicial que constituya una brecha por su permanencia y confiera a los actores sindicales la certeza de independencia y honorabilidad que requiere la atención de sus asuntos electorales.

Pero también podría resultar en el aprovechamiento de la última ocasión para satisfacer la ambición por parte quienes, por una u otra razón, puedan entender que no está garantizado el salario que venían percibiendo ni otros ingresos adicionales.

Seguramente habrá casos en ambos sentidos pero lo cierto es que hay y habrá decisiones que producirán estruendo. Tanto por lo que decidan como por la falta de virtud de los motivos que empujaron esa decisión. Si se levantasen apuestas sobre de dónde provendrán tales decisiones, seguramente pagarán poco aquellos lugares que siempre fueron vistos con desconfianza. No abundan las buenas tintorerías.