La propuesta será presentada este miércoles 30 de septiembre, a las 10, en la sede de Cáritas Argentina, en Balcarce 236 de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria es impulsada por la Mesa Nacional de Barrios Populares y cuenta con el acompañamiento de más de 140 diputados y diputadas pertenecientes a 12 bloques legislativos. 

La Junta Interna y el Cuerpo de Delegados de ATE de las áreas de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y SISU expresaron su adhesión al proyecto y vincularon la discusión por los recursos con la continuidad de las obras y con la estructura estatal necesaria para ejecutar las políticas de integración sociourbana.

El proyecto propone establecer un piso presupuestario anual vinculado al Producto Bruto Interno durante el período 2027-2036. Para los primeros tres años se plantea una asignación mínima equivalente al 0,0375% del PBI, que aumentaría progresivamente hasta alcanzar el 0,1125% entre 2034 y 2036. La iniciativa no contempla la creación de nuevos impuestos, sino la asignación de recursos provenientes de rentas generales. 

La discusión alcanza a más de cinco millones de personas que viven en los 6.467 barrios populares registrados en el RENABAP, entre ellas alrededor de 1,7 millones de niños y niñas. ATE advirtió que la continuidad de las políticas destinadas a esa población también depende de preservar las áreas estatales y los equipos de trabajadores encargados de llevar adelante los programas.

La situación de las obras constituye uno de los principales argumentos de los impulsores de la iniciativa. De acuerdo con los datos difundidos por la Mesa Nacional de Barrios Populares, 671 proyectos de agua, cloacas, conectividad y otras intervenciones se encuentran paralizados en 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El deterioro también se refleja en los recursos ejecutados para integración sociourbana. Según datos atribuidos al informe 145 de la Jefatura de Gabinete, la ejecución pasó de $171.863 millones en 2023 a $3.336 millones en 2026, una caída cercana al 98%. (Reconquista Radios)

Desde ATE señalaron que el debate por el financiamiento ocurre al mismo tiempo que el Gobierno analiza cambios en la ejecución de estas políticas y la dotación de las áreas estatales responsables. Para el sindicato, ambos aspectos forman parte de una misma discusión: sin recursos para las obras y sin trabajadores y estructuras públicas capaces de implementarlas, queda comprometida la continuidad de la política de integración de los barrios populares.

La presentación de este miércoles buscará trasladar esa discusión al Congreso y establecer por ley un horizonte presupuestario hasta 2036, con el objetivo de reactivar las obras paralizadas y evitar que su financiamiento dependa exclusivamente de las partidas definidas cada año.