La empresa apeló. Seis meses después, ninguno de los despedidos ha sido reinstalado y el sindicato denuncia presiones y amenazas.

Fueron unas 45 las personas cesadas. Entre ellas figura un nutrido grupo de trabajadoras jefas de hogar y trabajadores que entre junio y julio del año pasado fueron retenidos ilegalmente en un local de la planta, que no prestaba las condiciones mínimas de higiene y seguridad1.

El Juzgado Octavo pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala ordenó la reinstalación de al menos treinta personas. Las demás renunciaron a la acción legal.

Después de que la empresa apelara la resolución judicial, el Sindicato de Trabajadores de Carnes Procesadas SA (Sitrabremen) espera el fallo de segunda instancia para hacer valer los derechos de sus afiliados y afiliadas.

De ser favorable a los trabajadores y al no acatarlo la empresa, el tribunal procedería a duplicar la sanción económica (multa) ya impuesta, que es equivalente a diez salarios mínimos mensuales.

En víspera del nuevo fallo, las presiones de la empresa no sólo no han paradosino que se han agudizado.

“Han pasado seis meses y la empresa sigue con la postura de no querer reinstalar a nadie. También continúa ofreciendo el pago de las prestaciones a cambio de la renuncia del derecho de reinstalación”, dijo a La Rel, Roberto Rodríguez, secretario general del Sitrabremen.

“Tampoco han parado las presiones y las medidas arbitrarias hacia nuestros compañeros y compañeras. El ambiente está muy tenso y la gente está preocupada y tiene temor”, advirtió.

Durante la primera asamblea general del nuevo año, la junta directiva del Sitrabremen instó a todos sus afiliados y afiliadas a “seguir adelante, a no abandonar la lucha, a seguir defendiendo las conquistas laborales”.

Asimismo, pidió que no se dejaran intimidar por represalias y ataques antisindicales, ni engañar por comentarios intimidatorios.

“Instamos a todos los compañeros que están el proceso de reinstalación a continuar la lucha, a seguir adelante”, se lee en el comunicado de convocatoria.

Más violaciones

Una situación muy difícil que se suma a la adopción casi sistemática de medidas arbitrarias y a la violación del convenio colectivo.

“En el ámbito de la comisión mixta hemos denunciado que al personal de venta se le está rechazando la devolución de productos en buen estado que no se han vendido. A los trabajadores se les obliga comprarlos”, lamentó Rodríguez.

“Además, están forzando a la gente a que trabaje más de lo normal y ni siquiera existe un bono de producción”,

El dirigente sindical agradeció el apoyo y la solidaridad de los sindicatos nacionales amigos y la Rel UITA, al tiempo que pidió divulgar a nivel internacional lo que está pasando en Carnes Procesadas SA.

Finalmente hizo un llamado a la junta directiva de Grupo CAPSA para que tome cartas en el asunto y pida a sus representantes en Guatemala dejar de presionar y hostigar al personal.