La chispa de la desconfianza terminó de prenderse el 21 de agosto, cuando un incendio en el vertedero de Felipe Cardoso afectó dos máquinas compactadoras de residuos. Desde entonces, la Policía impide que clasificadores entren sin permiso al predio a buscar cartón, metal, plástico o nylon. “Nos pasan corriendo todos los días”, se queja Claudia García, integrante de una familia de cuatro generaciones dedicada a la clasificación de residuos. Claudia cuenta que ella y sus familiares han sido agredidos por la Policía, que un agente le propuso mantener relaciones sexuales a cambio de dejarla hurgar en la basura, e insiste en que lo que pretende el colectivo es un predio donde poder trabajar.

Nelly Nancy Castro crió a sus siete hijos en camino Felipe Cardoso, frente al vertedero municipal. Por eso Claudia, su hija de 34 años, conoce desde niña en qué consiste clasificar basura. La familia no forma parte de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus), un gremio que acordó con la Intendencia de Montevideo la clasificación en el vertedero. “Ya son muchos en Ucrus para la basura que les dejan los camiones”, plantea Claudia.

Ante este escenario, Vanesa Sánchez, secretaria de la Junta Departamental de Montevideo de Cabildo Abierto y licenciada en dirección de organizaciones civiles, está trabajando en la conformación del colectivo de clasificadores y en la búsqueda de una solución al problema. “Para ellos queremos lo mismo que logró Ucrus: un predio y camiones que vayan a verter sus residuos. Estamos articulando con todos los entes públicos para lograrlo”, dice Sánchez.

El colectivo en formación está integrado hoy por 23 personas, y la dirigente cabildante pretende que se convierta en una cooperativa social que pueda recibir entre cinco y 10 camiones por día.

Rosario Romero, concejal vecinal y excandidata a alcalde por Cabildo Abierto del municipio F, recuerda que la anterior administración de la intendencia se había comprometido a asignar un predio para que se instalara este colectivo, pero nunca se concretó la iniciativa.

Persecución.

Hace tres semanas, Sánchez se presentó en la comisaría para denunciar que un policía montado empujó con su caballo a una mujer que recolectaba basura. Ella salió corriendo al verse perseguida, por lo que se cayó y se golpeó la cabeza.

La secretaria de la Junta de Montevideo por Cabildo acompañó a la agredida a la seccional 25. “Nosotros no queremos hacer una denuncia de lo que pasó, pero queremos llegar a una instancia de tregua, porque las cosas se piden bien”, cuenta Sánchez, al reproducir el relato ante el comisario.

Este tipo de planteos no son nuevos. El 24 de abril del año pasado, Ucrus entregó una nota a Presidencia y otra al Ministerio del Interior, reclamando que se contemple a los clasificadores durante la emergencia sanitaria. “El abuso policial que está habiendo últimamente es demasiado”, dijo entonces Patricia Gutiérrez, presidenta de Ucrus, en Radio Uruguay.

Claudia sostiene que el abuso y la persecución policial continúan. “Pasa todos los días. Nos corren. Yo les digo: ‘Si me hablás bien, yo me voy, yo me bajo’. Pero ellos te empiezan a pegar, a correrte”, advierte.

Los clasificadores que no integran Ucrus y por lo tanto no tienen permiso para hurgar en el vertedero municipal, esperan que los camiones entren, vuelquen los residuos, y vigilan que los policías estén lejos para entrar al predio, escalar la montaña de basura, juntar lo máximo que puedan en el menor tiempo posible y salir corriendo.

“Me pasó que fui a trabajar con unas compañeras y con una de mis hermanas y un policía nos dijo que si nos metíamos para el monte para tener relaciones sexuales con él, nos dejaba trabajar. Te imaginás la boca de nosotras diciéndole cosas al hombre, porque eso no se hace. Es una falta de respeto”, sentencia Claudia.

Lorena, una de las hermanas de Claudia, agrega que los policías los llaman “pichis” y los responsabilizan, sin razón, por el incendio de agosto del año pasado de las dos máquinas compactadoras de residuos.

Despliegue de Cabildo en territorio

Rosario Romero, concejal vecinal del municipio F, escucha a las hermanas García y habla poco. Cuando las clasificadoras terminan de contar la encrucijada en la que se encuentran, entre basurales, restricciones y policías, Rosario pide la palabra. “Necesitamos urgentemente donaciones para la olla”, reclama. En la pieza en que están reunidas, en el asentamiento donde viven cinco de los siete hijos de Nelly Nancy Castro, están armando una olla popular. Allí ya funcionó una, pero buscan reflotarla, y esa es otra de las tareas que emprende Rosario junto a Vanesa Sánchez, que además de ser la secretaria de la Junta de Montevideo por Cabildo Abierto y la presidenta de la Agrupación Fraternidad Artiguista, integra Segunda Oportunidad, una organización social en la que participan voluntarios de diversos partidos políticos. Para un reciente informe de Búsqueda, Sánchez dijo que la Agrupación Fraternidad Artiguista pretende dar “soporte social y legal a los más necesitados”, sobre todo mujeres con hijos. El colectivo de clasificadores que se está formando está integrado mayoritariamente por mujeres, pero también por hombres.

Oficial: “Si no lo veo, no le creo”

Vanesa Sánchez acompañó a una de las clasificadoras agredidas por la Policía a la seccional 25, donde habló con el subcomisario. “Si yo no lo veo, no le creo, porque yo no sé si no le pegó el marido”, le respondió el oficial a la secretaria de la Junta de Montevideo por Cabildo Abierto. “No entiendo por qué usted no está creyendo en lo que pasó”, le respondió Sánchez.