Con el eufemismo de enfrentarse a los bloqueos judiciales, la COPAL bancó el hostigamiento judicial de Mayol.

Es que la patronal alimenticia judicializó a trabajadores de ATILRA y les impidió el ingreso.

En tal sentido, la patronal del sector se posicionó a favor de la empresa y su modus operandi.

Las entidades empresarias de la provincia de Buenos Aires también fueron en la misma línea.

Frente patronal contra los trabajadores

La Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Feba) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), sacaron un comunicado conjunto sobre Mayol.

«Repudiamos los bloqueos sindicales que no permiten desarrollar la actividad productiva y garantizar el correcto funcionamiento de las plantas», afirmaron.

«Este tipo de acciones, agravan la situación de las empresas provocando pérdidas», dicen.

Claro que, no tienen en cuenta los incumplimientos por parte de las empresas con los trabajadores.

En tal sentido, desconocieron el reclamo de los empleados de un convenio colectivo.

Ello y el apoyo del Sindicato de la Alimentación (STIA PBA) a la libre elección de su convenio.

Se victimizan

Las cámaras sostuvieron que hubo daños a la propiedad y el ambiente de trabajo.

“Muchos gremios no pudieron realizar las elecciones durante el año pasado», dijeron.

Los recientes hechos ocurridos en el frigorífico ArreBeef, en Pérez Millán, del partido bonaerense de Ramallo y en la planta láctea Mayol, de Gobernador Udaondo, en el partido de Cañuelas, motivaron el pronunciamiento pero con antecedentes en “otros lugares del país”.

«Estos hechos se deben a conflictos intrasindicales que terminaron impactando en las empresas», sostienen.

“Vemos que se está volviendo una metodología común y eso nos preocupa”, comentó el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, ante El Economista.

Con Lácteos Mayol el paro por tiempo indeterminado se debió a un pedido de reencuadre laboral de 7 de los 14 trabajadores que tiene la empresa.

El gremio que quiere recategorizarlos para incorporarlos como afiliados es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra).

Por eso, la empresa señaló que no podía hacer frente al pedido “porque excede las posibilidades económicas”, por lo que se ofreció un traspaso “gradual”. Esto derivó en la toma parcial de la planta.

La Copal, con la patronal

“Estas actuaciones van en contra del principio de buena fe”, mencionó Funes de Rioja.

“La normativa establece que las partes están obligadas a obrar a las conductas propias que les corresponden, de la mejor manera posible”, concluyó.

Desde el STIA repudiaron el posicionamiento de la patronal alimenticia.