Por Luis Zegarra

La extendida protesta de los empleados del Poder Judicial de Córdoba, que esta semana sumó huelgas por 72 horas, sigue extendiendo su impacto más allá de ámbitos tribunalicios. Además de remezones políticos que contara Letra P, la sucesión ha reactivado diferencias entre las CGT que aglutinan a los gremios mediterráneos.

Las estocadas, de recorrido subterráneo aún, alumbra las consecuencias de la intervención dispuesta por la conducción de la CGT Nacional, so pretexto de “normalizar” la situación en la filial provincial, hace tres años. Tras un proceso denunciado como intrusivo por los cordobeses, la central obrera quedó partida en dos. De un lado, la CGT Córdoba, que aglutina a la mayoría de los sindicatos con personería federal y es conducida por un triunvirato que reporta a las autoridades de la central nacional. Del otro, la CGT Regional Córdoba, que reúne la mayor cantidad de entidades y contiene a los gremios mediterráneos, especialmente los que representan a estatales.

En diversas circunstancias, como el ballotage de 2023 o la condena al DNU 70/23 que puso en marcha una reforma laboral, ambas agrupaciones han coincidido, expresándose de la misma manera. Sin amenazas superiores, las diferencias constitutivas suelen quedar a la vista. Particularmente en lo que atañe a su vínculo con los gobiernos de la provincia que ha encabezado el peronismo desde 1999.

Los autoconvocados de Córdoba

La errática participación de un grupo de profesionales definidos como autoconvocados, sin identidad partidaria reconocible, ha acicateado la nueva tensión entre las confederaciones.

Partiendo de diversas coordenadas, pero con compartida necesidad de mejorar sus magros ingresos, autopercibidos “apolíticos”, refractarios a la participación sindical, adherentes al discurso anticasta y opositores a la actual conducción, rechazaron las modalidades de negociación llevadas adelante por la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), uno de los gremios fuertes de la Regional.

Sin detenerse en la dinámica de un proceso complejo, que mantiene el histórico reclamo de enganche a las remuneraciones de pares federales, los díscolos exigieron recomposiciones salariales inmediatas superiores al 40%, cifra por fuera del rango en análisis.

Federico Corteletti, referente del gremio judicial que integra la CGT Regional Córdoba

A tal fin, no vacilaron en abrir vías de negociación externas al habitual recorrido institucional, usualmente guiado por la AGEPJ y respetuoso de un Tribunal Superior de Justicia al que le cuesta asumirse como entidad patronal.

Tampoco dudaron en denunciar vínculos entre la conducción gremial, en manos de Federico Corteletti, con el gobierno provincial. En lectura simple, ubicaron al sindicato (por carácter transitivo a la CGT Regional) y al gobierno provincial como corresponsables de la pauperización de la profesión.

De poco sirvieron las referencias a las consecuencias del paso de la motosierra por el gasto público, informados por la Provincia y ventilados por la Justicia.

Otra Justicia

Ante la falta de respuestas del TSJ, y pese a que la AGEPJ tomó como prioritarios los reclamos por subas al básico, la tropa “independiente” acudió a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el gremio de la Justicia Federal de Córdoba. Su conducción responde al histórico Julio Piumato y, como parte de la CGT Nacional, reconoce como única central homologada a la CGT Córdoba.

Por distintas vías, más de 840 abogados suscribieron un pedido de intervención en las negociaciones, dirigido al secretario general de la UEJN, el también peronista Juan Pablo Tripputi.

Referente directo de Julio Piumato, secretario en el Tribunal Oral N° 2, con sólidas conexiones con el Tribunal N°1, subrogado por Alejandro Sánchez Freytes, Tripputi encabezó 24 paros y 50 manifestaciones públicas durante el pasado año. Todas, en reclamo por mejores haberes a la Corte Suprema de Justicia.

Poder en mano, el también escribano anunció la convocatoria a una mesa de diálogo, a la que invitó al Colegio de Abogados de Córdoba, institución que ha ido subiendo el tono de sus pedidos por garantizar los servicios básicos en los Tribunales.

La invitación provocó estruendo en la CGT Córdoba. Mientras el gremio de judiciales provinciales deslizaba versiones de una maniobra coordinada por la cúspide de la Justicia Federal, la confederación local activaba alarmas contra nuevas intervenciones porteñas.

Desde la UEJN rechazan versiones agonales. Remarcan, fueron los trabajadores los que acudieron en su búsqueda. A ese sector, dicen, ofrecen una voz distinta para intentar destrabar la puja. A sus pares sindicalistas les recuerdan también la vigencia de una hermandad de lucha, considerando que los federales perdieron un tercio de sus ingresos desde que asumiera Milei.

Juan Pablo Triputti

“No podemos ser indiferentes. Mucho menos cuando los salarios básicos están bajo la línea de pobreza. Y en el grupo hay de todos los colores políticos, incluyendo peronistas”, dicen.

En su descripción, que reconoce la seriedad del conflicto, coinciden con entidades como el Colegio de Abogados y la Legislatura: las consecuencias impactan ya en toda la sociedad. Calles valladas, trámites inconclusos y denuncias no tomadas, las imágenes para ilustrarlo.

Salida política en Córdoba

Aunque la cuestionada mesa no pasó de un anuncio, acaso haya sido una de las razones que evaluó la secretaría de Trabajo, dependiente del ministerio de Justicia, para convocar a las partes a una audiencia.

La misma se realizará el próximo lunes y se presenta como “conciliación voluntaria”. “El TSJ no acepta conciliación obligatoria. Lo considera una intromisión del Poder Ejecutivo. Tampoco se asume como lo que son, empleadores, con los correspondientes compromisos laborales”, analiza una voz calificada.

El tono en la convocatoria también recrea interpretaciones sobre el vínculo entre el Panal y la conducción del Poder Judicial. Aunque el manejo de la crisis haya recreado internas palaciegas, las autoridades gremiales saben que ambos poderes mantienen una cuidadosa relación, atravesada por múltiples gestos recíprocos.

Desde la AGEPJ, empero, evalúan que ha sido la férrea resistencia de los empleados, canalizada por vías sindicales, la que forzó la instancia conciliatoria.

En esa sintonía, reparan también en el paradójico rol que cupo al colectivo autoconvocado: muchos terminaron apelando a procesos institucionalizados tras experimentar en carne propia las limitaciones de la protesta inorgánica.

En corrillos sindicales no celebran un triunfo definitivo. Pero, preparados para nuevos episodios de queja, atentos a los antecedentes de las negociaciones con el TSJ, entienden que la amenaza de emergentes asistemáticos también provoca inquietud al poder político cordobés.