En julio de 2018 se ordenó al gobierno provincial retomar las negociaciones salariales con el gremio judicial y aplicar la cláusula gatillo hasta tanto se arribe a un acuerdo definitivo. Pero al parecer continúa la seguidilla de decisiones político-judiciales que demoran una resolución definitiva en la acción impulsada por la Asociación Judiciales Bonaerenses.

La AJB exigirá la máxima celeridad para la resolución definitiva del reclamo, a la vez que continuará realizando las medidas de acción gremial necesarias para recuperar el salario perdido como consecuencia del ajuste del gobierno provincial.

Por intermedio de un comunicado, desde el gremio que conduce Pablo Abramovich, notificaron que “La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario planteado por la Fiscalía de Estado, y con base en la doctrina de la arbitrariedad ordenó que los autos vuelvan al Tribunal de origen – la Suprema Corte bonaerense – para que se dicte un nuevo fallo “conforme a derecho”.

“Con la firma de cuatro de sus integrantes – Rosenkratz, Highton de Nolasco, Lorenzetti y Maqueda -, el máximo tribunal federal basó la resolución en el planteo del gobierno provincial que expresaba que la Suprema Corte bonaerense no habría brindado explicaciones suficientes respecto de por qué la medida cautelar apelada no resultaba equiparable a una sentencia definitiva, al tratar el recurso de inaplicabilidad de ley”, explicó el documento.

“Explícitamente, la Corte Suprema nacional omitió dar opinión sobre la pertinencia de la medida cautelar, como así también sobre la controversia de fondo”.

La Corte federal retoma los argumentos vertidos en la última decisión de la Suprema Corte, que con los mismos integrantes que en septiembre había rechazado el recurso del Estado, en noviembre lo declaró mal rechazado.

Para finalizar desde la AJB, denunciaron que: “Con las honrosas excepciones de Eduardo De Lázzari y Víctor Violini, los demás miembros del Tribunal de Casación Penal que integraron la Corte provincial y ahora los jueces del máximo tribunal federal realizan un aporte fundamental para consentir la violación sistemática del derecho a la negociación colectiva consagrado en el art. 39.4 de la Constitución provincial, decidida por el gobierno de María Eugenia Vidal para producir el enorme recorte salarial que padecen más de 24.000 trabajadores y trabajadoras judiciales bonaerenses”.