Por Patricio Eleisegui

El derrumbe de Garbarino, con la afectación de miles de familias que siguen aguardando por pagos de salarios que acumulan más de dos años de demora, sigue ganando profundidad. Mientras la quiebra de la compañía continúa en la indefinición, y Carlos Rosales sigue maniobrando a través de un puñado de locales que operan de forma intermitente, al menos 4.500 personas aguardan por una solución al problema económico originado por el empresario y sus socios en la cúpula del grupo. A la par, ocurren situaciones que, para infortunio de empleados y ex empleados de la firma, oscilan entre la tomada de pelo y lo bizarro.

En ese sentido, y a instancias del juez Fernando D'Alessandro, se llevó a cabo la venta de 5 vehículos de la compañía y se determinó que los montos resultantes de la operación se repartan entre los trabajadores de las empresas del grupo Garbarino.

Lo particular es que, según indicaron a iProfesional representantes de los ex empleados, a cada individuo se les asignó un monto cercano a los 1.800 pesos. Al parecer, la mini flota de unidades vendidas correspondió a camiones y furgones "en estado deplorable", de acuerdo a las fuentes consultadas.

Además, los rodados acumulaban deudas abultadas por multas recibidas y patentes impagas. En concreto, el comprador abonó una cifra cercana a los 5 millones de pesos. La venta pudo llevarse a cabo a partir de la decisión de D'Alessandro de levantar la "inhibición general de bienes de la concursada, a cuyo fin líbrese oficio al Registro de la Propiedad Automotor" que pesaba sobre Garbarino.

"La intención de la empresa era sólo pagarles los sueldos atrasados a los trabajadores que aún están activos. Son personas que no cobran salarios desde diciembre del año pasado y a quienes también se les adeuda el aguinaldo", comentó a este medio otro delegado interpelado.

Venta de vehículos para un pago "simbólico"

"A esos empleados la compañía sólo les abonó 35.000 pesos en todo lo que va del año. Nosotros, los trabajadores despedidos, nos opusimos a la intención de Garbarino a través de un escrito porque es dinero que también nos corresponde", añadió.

La fuente afirmó que D’Alessandro hizo lugar al pedido de los ex empleados y decidió que todo el dinero ingresado por la venta de los vehículos tenga como destino parte del pago de la deuda con todo el plantel que forma y formó parte del retail y sus empresas asociadas.

"Nosotros vamos a recibir aproximadamente 1.800 pesos cada uno. Ahora estamos tratando de frenar la venta de acciones de Compumundo que el grupo está intentando efectuar para cubrir una deuda con Telecom del orden de los 16 millones de pesos", precisó el delegado a este medio.

Los trabajadores despedidos sostienen que la síndico general que interviene en la situación de la empresa de Rosales "sigue dilatando la quiebra" lo cual, interpretan, alienta la posibilidad de "un vaciamiento fraudulento para que finalmente no cobre nadie".

"Esto tiene un final anunciado. Es increíble que a Rosales se le permita deshacerse del capital de otra empresa también concursada para pagar una deuda que es post concursal. Por lo que entendemos, Telecom estaría en condiciones de pedir la quiebra a partir de la deuda existente", expuso el delegado.

Una deuda millonaria que no se achica

Según voces ligadas con la operatoria de la firma, Rosales bajó la persiana de 200 locales de Garbarino en todo el país pero la firma en cuestión aún opera cinco sucursales aunque, aclaran las fuentes, sólo abren sus puertas de manera esporádica.

Los delegados reconocen haber detectado situaciones de "desvíos de fondos de la recaudación" y denuncian una "facturación a nombre de otras personas y empresas, de modo tal que el dinero no termina de llegar a los trabajadores".

La deuda acumulada del grupo de empresas bajo control del empresario mencionado merodea los 20.000 millones de pesos, y se propuso la venta de plantas industriales en Sur para reducir los montos a pagar.

Respecto de esto, en diciembre del año pasado Rosales propuso desprenderse de las firmas Digital Fueguina y Tecnosur, ambas instaladas en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, por un monto cercano a los 6 millones de dólares.

"En ese momento se descartó la propuesta por el precio, que resultaba insuficiente. También se rechazó el objetivo que se le iba a dar a ese dinero. Rosales pretendía pagar parte de la deuda de los trabajadores con el 50 por ciento de esos 6 millones. La realidad es que en lugar de esa cantidad se necesitan casi 10 millones de dólares para saldar la deuda y establecer inversiones para volver a hacer crecer la empresa", sostuvo un delegado.