El proyecto kirchnerista que pretende regular las manifestaciones y protestas recibió críticas desde distintos sectores políticos y sindicales. Desde la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) consideraron que la iniciativa "tiene como objetivo controlar y reprimir 'legalmente' la protesta social".

"No les vamos a ceder las calles que históricamente pertenecen al pueblo", manifestó Salvador Agliano, titular de la central obrera en la provincia.

El dirigente remarcó condiciones sociales que, a su juicio, ameritan la realización de manifestaciones contra el gobierno nacional: "De esos 12 millones de pobres, de esos 3 millones de indigentes, de esos 6 millones de trabajadores precarizados, de esos 2 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian, de millones de jubilados y pensionados que cobramos 2.700 pesos, de millones de niños que arbitrariamente son discriminados en el pago de los salarios familiares que deberían cobrar sus padres trabajadores. En nombre de todos ellos y de nosotros, es que debemos convocarnos para movilizarnos".

"Nuestra responsabilidad frente a más ajuste económico y más represión, es responder con más organización, con más lucha, con más propuestas, con más unidad de acción", concluyó el referente tucumano de la CTA que conduce a nivel nacional Pablo Micheli.