El gremio, conducido por el capitán Mariano Moreno, planteó la necesidad de integrar a los trabajadores en la toma de decisiones para “garantizar el empleo y la sustentabilidad” de la actividad. “La pesca es una labor profundamente artesanal y la sustentabilidad del recurso depende, en el día a día, de los trabajadores. Por eso debemos ser actores fundamentales a la hora de establecer nuevos criterios de administración”, sostuvo el dirigente.

En el sector existe preocupación por el impacto que podría tener la implementación de cuotas si no se contemplan las condiciones reales de la actividad. Según señalaron, el riesgo principal es una concentración del negocio en grandes buques congeladores, en detrimento de las embarcaciones fresqueras, que en su mayoría pertenecen a pymes.“El objetivo de ‘pescar mejor y no más’ es válido, pero si no se planifica correctamente, suele traducirse en menos días de navegación y en la concentración de la captura en barcos tecnificados. Esto pone en serio riesgo el empleo en la flota fresquera y en las plantas de procesamiento en tierra”, advirtió Moreno.

Actualmente, más de 100 embarcaciones fresqueras —en su mayoría de menor porte— acceden a capturas que sostienen la actividad durante la temporada. Sin embargo, estiman que con el nuevo sistema podrían sufrir una reducción de hasta el 50% en sus niveles de pesca, lo que impactaría directamente en los ingresos de las tripulaciones y podría derivar en el cierre de empresas familiares.“Tenemos claro que el salario está atado a la producción. Una cuota reducida para una pyme es directamente una reducción salarial para el capitán y su tripulación. Los trabajadores deben ser parte de la discusión porque son la fuerza que sostiene a esta industria”, enfatizó el titular del gremio.

El conflicto se da en un contexto de cambios regulatorios que vienen generando tensión en el sector pesquero. En 2024, tras la presión de sindicatos, gobernadores y empresarios, el Gobierno dio marcha atrás con iniciativas que buscaban flexibilizar la actividad en la Zona Económica Exclusiva. Sin embargo, luego avanzó con medidas como el DNU 340/23, que habilitaba a buques extranjeros a operar entre puertos argentinos y flexibilizaba condiciones laborales, además de impulsar modificaciones que excluyen al personal embarcado de ciertos derechos laborales.

Otro de los puntos críticos señalados por el gremio es el posible aumento de prácticas como el descarte o “high grading”, donde se prioriza la captura de ejemplares de mayor valor comercial. “Hay interrogantes sobre cómo se va a controlar el descarte. Con una cuota limitada, el capitán se ve presionado a traer solo el langostino de mayor tamaño, mientras que el resto podría terminar descartado”, explicó Moreno.

Finalmente, desde el sindicato remarcaron que cualquier esquema de cuotificación requiere controles estrictos que hoy no estarían garantizados. “Para que sea verdaderamente sustentable se necesita fiscalización con observadores a bordo, cámaras y controles en puerto. Por eso insistimos en que las reglas de juego deben definirse escuchando a los trabajadores”, concluyó el dirigente.