La presentación judicial apunta a pagos realizados a un estudio contable para confeccionar balances que nunca realizó. Son $2.3 millones y no se encuentran las facturas. Se cierra el círculo sobre la gestión Triaca.
Por: Jorge Duarte.
De a poco, y a medida que el mundo gremial tantea cierta debilidad del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, empiezan a llegar a la justicia las primeras pruebas de presuntos delitos cometidos por la intervención que retuvo el Sindicato de Obreros Máritimos Unidos (SOMU) por dos años el gremio.
A pesar de que el ministro en persona buscó pulir diferencias y detener las denuncias sobre su gestión al frente del sindicato de marineros sumando a Raúl “Ruli” Durdos, actual titular del SOMU, a la comitiva Argentina que viajó a Ginebra para ser parte de la Conferencia Anual de la OIT, las primeras irregularidades ya arribaron a los estrados.
La presentación, que está en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa, refleja exorbitantes pagos a un estudio contable por la supuesta realización de los balances 2016 y 2017 y la confección de manuales de procedimientos para la organización, que nunca se realizaron.
Además, a pesar de constatar las sistemáticas transferencias en el registro de proveedores, que según el escrito judicial de Durdos suman $2,3 millones sólo entre abril de 2017 y febrero de 2018, los pagos a la cuenta del Estudio Bertora & Asociados no encuentran respaldo en contratación alguna. Por ello le piden al magistrado que busque, si es que existen, las facturas correspondientes en los expedientes judiciales de la intervención.
“Cumplo en poner en conocimiento a Vuestra Señoría las irregularidades expresadas con el fin de que se tomen las medidas que estime correspondiente”, señala el gremialista en su escrito a Canicoba.
Las dudas sobre la selección y “contratación” del estudio recaen en Silvio Torres, un contador muy cercano a la familia Triaca que fuera el tercer interventor del SOMU. En paralelo, el mismo Torres había sido designado en el gremio de vigiladores (UPSRA), en cargos incompatibles. Según el contrato que se publicó en C5N esta misma semana, sólo por el gremio de vigiladores, Torres cobraba $83 mil mensuales.
De esta manera, los escándalos con el manejo de los recursos del SOMU que involucran a Triaca se multiplican. Las pruebas acercadas por el moyanista Durdos empiezan a complementar un panorama sombrío, que había comenzado con cientos de contrataciones, manejos de negocios relaciones a la asociación sindical en manos de familiares y hasta el traslado a la quinta del ministro de las cajas navideñas destinadas a los afiliados.
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