Uno de cada cuatro trabajadores en la Argentina está por debajo de la línea de la pobreza, según un reporte del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), entidad que preside el economista Claudio Lozano. Los datos son del último trimestre del 2021, y marcan el deterioro que existe en los ingresos, producto de la inflación y la suba de precios, en especial de alimentos.

Los números no incluyen el pico inflacionario iniciado en febrero, por lo cual las proyecciones son mayores, en especial en sectores sensibles como estatales -en especial municipales- monotributistas e informales.

El trabajo, realizado por el Boletín Estadístico Sociolaboral, remarca que «tener una ocupación no es suficiente para alcanzar niveles de bienestar». Si bien este número desciende al 14 por ciento entre los asalariados registrados, se estima que este año la crisis se profundizó, en especial entre mujeres y jóvenes.

Además, el trabajo marcó que más allá de los números de la desocupación, que bajaron durante el año, el tema de la falta de empleo de calidad en la Argentina se mantiene alto, ya que la subutilización de la fuerza laboral, que suma el desempleo con el subempleo, ascendió a casi el 20 por ciento (19,1 por ciento).

El informe del IPyPP pone en relieve el problema de ingresos de los trabajadores, que por efecto de la inflación pierden poder real de compra. En este sentido, el trabajo coordinado por Ana Rameri establece que «el carácter precario de estos empleos presenta como uno de sus aspectos centrales los escasos ingresos que obtienen los trabajadores», al punto que durante el cuarto trimestre de 2021 «los ingresos en promedio rondaron los 54.060 pesos mensuales».

«Tanto las/os cuentapropistas como el segmento asalariado informal se encuentran significativamente por debajo de ese monto», aclaró el análisis, al que tuvo acceso Gestión Sindical. En el primer caso, el promedio de ingresos fue 38.615 pesos (28,6 por ciento por debajo de la media), mientras que en el segundo caso alcanzaron los 27.204 pesos (49,7 por ciento por debajo de la media.

«Los crecientes niveles de precarización contribuyen a explicar que buena parte de la clase trabajadora deba vender su fuerza de trabajo por debajo de su valor», explicó el reporte.

En este sentido, se recalcó que «si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas oficialmente para la medición de la pobreza y la indigencia, surge que casi 1 de cada 4 trabajadores y trabajadoras (25,8 por ciento) son pobres y el 4,5 por ciento son indigentes».

«Resulta claro entonces que obtener un empleo no garantiza per se acceder a un umbral de consumo que asegure condiciones mínimas de reproducción. Incluso para las/os trabajadores que habitan en hogares donde hay más de un ocupado, la pobreza es aún muy elevada (22,2 por ciento)», agregó el reporte de la entidad.

Medidas

Ante la crisis de ingresos, los gremios vienen instrumentando distintas medidas para intentar recuperar terreno, y sacar a esos trabajadores de la línea de pobreza. La principal, instrumentada por el Ministerio de Trabajo, es el adelantamiento de las paritarias, tanto achicando las cuotas a pagar como las revisiones.

Pero con la inflación todavía cerca de los 5 puntos -como se proyecta para junio- parece que la paritaria adelantada y fragmentada no alcanza. Por eso crece en los gremios la idea de «un aumento universal para todos los trabajadores», similar al que decretó Néstor Kirchner cuando asumió la Presidencia.

«Por ahora no está en carpeta», afirmaron fuentes del entorno de la CGT, ante la consulta de Gestión Sindical. Las mismas fuentes no confirmaron que esa idea haya sido esbozada cuando se definió el adelantamiento de las paritarias, como se habló en diversos sectores. «Vamos a analizar todas las medidas necesarias», se limitaron a contestar.

Una alternativa que surgió en estos tiempos es atar las subas salariales al incremento de alimentos. Así lo solicitó el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, mediante un documento enviado esta semana.

La idea propuesta por los docentes es «ligar los próximos aumentos salariales al índice inflación de los alimentos, para garantizar el poder de compra de los trabajadores del sector».

Los sindicatos que integran el espacio señalaron como «prioritario proteger el salario de nuestros representados y su poder adquisitivo» de cara a las próximas revisiones del acuerdo paritario celebrado meses atrás.

Los más perjudicados

En el desgravado, los problemas de ingresos afectan más a los sectores vulnerables, entre ellos mujeres y jóvenes. En el primero de los casos, los bajos ingresos «perjudican con mayor intensidad a las mujeres: mientras el 31 por ciento de los varones gana menos del salario mínimo, este porcentaje asciende al 46,3 por ciento en el caso de la población femenina».

En parte, afirmó el trabajo del IPyPP, «ello responde a que son también las mujeres las más afectadas por la desigual distribución de las tareas domésticas y de cuidado, y la consecuente necesidad de desplegar estrategias de reparto entre el trabajo productivo y reproductivo».

En cuanto al empleo no registrado, tanto la construcción como el servicio doméstico «son las ramas que presentan las tasas de informalidad más altas dentro del conjunto de asalariados: 73,5 y 78,3 por ciento, respectivamente».

Consecuentemente, «están sujetos/as a una mayor inestabilidad y desprotección». El nivel de informalidad es elevado también, aunque en menor medida, en las ramas de hoteles y restaurantes (55,2 por ciento), comercio (43,9 por ciento) y servicios comunitarios, sociales y personales (39,2 por ciento).

En el otro extremo, concluyó el trabajo, «ramas como la enseñanza (9 por ciento) y la administración pública, defensa y seguridad social (9,6 por ciento) presentan los menores niveles de informalidad, ramas en las que la búsqueda de otros empleos es inferior al promedio».