La cartera laboral que encabeza la ministra Raquel Olmos impuso la Ley 14.786 de conciliación obligatoria por 15 días hábiles a partir de este martes y convocó a sindicalistas y empresarios a una audiencia en Trabajo para las 14 del 7 de noviembre próximo.

El gremio había iniciado, en la medianoche de ayer, un paro de 24 horas ante "la incertidumbre acerca del futuro" de la actividad y en demanda de una recomposición de los salarios, lo que había dejado liberadas las barreras de los peajes e incluyó una movilización de los trabajadores del sector desde este mediodía hacia la sede de la cartera laboral. En un documento, el sindicato señaló que "la ausencia de planificación de los Gobiernos nacional y provincial sobre el funcionamiento y el futuro de las concesiones viales arriesga el trabajo de 7 mil familias", y sostuvo que "la imprevisión y falta de políticas públicas que cuiden las rutas y autopistas resiente su conservación y mantenimiento, lo que representa una situación que también atenta contra la seguridad de millones de usuarios", agregó.

Además, el Sutpa sostuvo respecto de la realidad salarial de la actividad que ante "el atraso tarifario de todas las empresas se pretende cortar el hilo por lo más delgado y no abonar las obligaciones paritarias asumidas, lo que obliga al personal a decidir la lucha frente a una inflación imparable y la pérdida de poder adquisitivo 5 años consecutivos".

"Ante los cambios tecnológicos en el mundo laboral la actividad enfrenta el desafío de mejorar sus sistemas de cobros y ofrecer nuevos servicios, profesionalizando y recalificando a los trabajadores. Las autoridades a cargo de las empresas se mostraron reticentes a las demandas, lo que impide una adecuada reconversión. No hay futuro ni progreso si la gente se queda sin trabajo o se precarizan sus tareas. Cualquier cambio debe ser con los trabajadores y el sindicato, jamás contra ellos", advirtió el Sutpa.