La cartera educativa bonaerense se enfrenta a un fin de año complejo, con movilizaciones y reclamos de trabajadores de distintos sectores. En este contexto, los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial organizados en ATE reclamaron por la situación de 380 empleados, que “no saben si van a continuar trabajando”.

Desde el espacio, comunicaron: “Ante esta situación, los trabajadores organizados en asamblea vienen tomando distintas medidas de fuerza como radios abiertas, conferencia de prensa, paros y movilizaciones. Piden reunirse con Carlos Giménez (secretario adjunto de ATE) pero va por tercera vez que no los recibe y posterga la reunión”.

“La urgencia de la situación es ahora que estamos a 1 día del cese de los contratos. Pablo Villarreal, asesor de Taurizano, director de la Uep, les dijo que mañana hay una respuesta, pero en asamblea se decidió que necesitan que les dé una solución hoy”, agregaron tras decidir esperar con una permanencia en el edificio de calle 8 entre 46 y 47.

La Unidad Ejecutora Provincial de la Dirección General de Escuelas es donde evalúan y proyectan las obras edilicias de escuelas, un organismo donde la mayoría de los trabajadores son contratados, según especificaron.

Pero este no fue el único reclamo del día. Por el contrario, los Centros de Formación Profesional de ATE, junto a los de otras organizaciones sociales y sindicales conveniantes con la Dirección General de Escuelas, se manifestaron en contrario de la aparente decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de traspasar esas temáticas a la órbita del Ministerio de Trabajo.

En esa dirección, un grupo de representantes de esas organizaciones presentaron una nota en mesa de entradas de la gobernación, expresando su reclamo, al tiempo que solicitaron de manera urgente una entrevista con la titular del Ejecutivo provincial.

Según expresaron los manifestantes, “resulta imprescindible reuniones para debatir esa posibilidad con quienes desde hace más de 20 años venimos trabajando en la formación de adultos y trabajadores”.

Entre los argumentos, se remarca que, de producirse el traspaso, no solo se estarían violando derechos adquiridos de trabajadores, auxiliares, docentes y directivos de dichas organizaciones, sino que además se estaría cambiando el paradigma de educación que se viene sosteniendo.

Los participantes de esta iniciativa temen que el traslado signifique que “se abandone la idea de elevar la formación integral del individuo con una mirada colectiva del mundo y también de su inserción en el mundo del trabajo, por otra que privilegia únicamente las capacidades de la lógica patrón-empleado”, especificaron.