Tras el fallo de la Justicia bonaerense que reconoce la relación laboral con las plataformas, desde SiTraRepA advirtieron que la situación sigue siendo “crítica”, reclamaron medidas concretas para garantizar derechos y apuntaron contra las empresas por la creciente precarización del sector.
El delegado general del SiTraRepA (Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación) en Zona Sur, Leandro Hidalgo, reclamó la implementación de medidas “concretas” para garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos laborales en el sector, luego del reciente fallo de la Justicia bonaerense que admite la existencia de relación de dependencia entre las plataformas digitales y los repartidores.
“Celebramos el fallo judicial que sienta un precedente, pero necesitamos avanzar en medidas concretas que vayan en favor de la registración y el reconocimiento de derechos laborales”, sostuvo Hidalgo, en declaraciones a DiarioConurbano.
Un fallo que marca un precedente, pero no alcanza
La definición judicial se produjo luego de que la Corte Suprema bonaerense rechazara los recursos extraordinarios presentados por las empresas del sector, lo que consolidó un criterio clave: los trabajadores de reparto no son autónomos, sino que existe una relación laboral con las aplicaciones.
Para el referente sindical, se trata de un “paso adelante”, aunque insuficiente si no se traduce en cambios reales en las condiciones de trabajo. “Necesitamos que se obligue a las empresas a respetar las condiciones y todos los derechos laborales que entendemos que debemos tener dado que la Justicia reconoció ya que existe una relación laboral”, remarcó.
Multas millonarias y dudas sobre su destino
En paralelo al revés judicial, las empresas de reparto fueron sancionadas con multas millonarias por irregularidades laborales, entre ellas la falta de registración, ausencia de cobertura de riesgos del trabajo y falta de aportes previsionales.
Las sanciones alcanzan cifras significativas: en el caso de Rappi, la multa asciende hasta los 16 millones de pesos, mientras que para PedidosYa ronda los 17 millones.
Sin embargo, desde el sindicato cuestionaron el alcance de estas penalizaciones. “Queremos saber qué va a pasar también con esa plata, si va a ir para los repartidores o dónde lo van a destinar. Además de que es un monto insuficiente, no sirve de mucho si las compañías siguen teniendo en las mismas condiciones a los trabajadores”, planteó Hidalgo.
Organización sindical y continuidad de la lucha
Ante la apelación del fallo por parte de las empresas, el dirigente del SiTraRepA advirtió que el conflicto está lejos de resolverse y llamó a fortalecer la organización gremial.
“Todavía la lucha continúa, es por eso que tenemos que fortalecer el sindicato, sumarse a la organización para seguir la pelea por nuestros derechos”, afirmó.
El sindicato, que cuenta con más de 2500 afiliados en todo el país, busca consolidar su representación en un sector caracterizado por la precarización y la falta de regulación efectiva.
Un escenario crítico para los trabajadores
Hidalgo describió un panorama complejo para los repartidores, marcado por la caída de tarifas y la necesidad de extender las jornadas laborales para sostener los ingresos.
“Cada vez pagan menos por pedidos, buscan que nos enemistemos entre los propios repartidores, pero no van a lograrlo”, denunció, al tiempo que acusó a las plataformas de aprovechar el contexto de crisis económica para incrementar sus ganancias.
Además, alertó sobre las consecuencias sociales y sanitarias de este modelo laboral. “La situación hoy en día es muy terrible, tenés trabajadores que se enferman, que no tienen cobertura y que incluso han muerto, y a las empresas no les importa eso”, expresó.
Reclamo al Gobierno nacional
En este contexto, el dirigente también cuestionó la falta de reconocimiento institucional hacia el sindicato y apuntó a la “falta de voluntad política” del Gobierno nacional para avanzar en la regulación del sector.
“Tenemos que imponerle al Gobierno a través de la lucha, el reconocimiento al sector y la necesidad de establecer medidas concretas que aseguren el cumplimiento de nuestros derechos laborales”, concluyó.
El fallo judicial abre un nuevo escenario para los trabajadores de reparto por aplicación, pero desde el sector advierten que sin decisiones políticas y controles efectivos, el reconocimiento legal podría quedar en un plano meramente declarativo.
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