En el marco de un operativo de fiscalización realizado en tres establecimientos dedicados a la producción de carbón vegetal, la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llevó a cabo un terrible hallazgo de sobreexplotación.

Al menos diez trabajadores, entre ellos dos menores de edad, eran sometidos a condiciones inhumanas. En base a lo indicado por el informe oficial, los peones dormían en carpas improvisadas sobre pallets de madera ubicados en la tierra, sin acceso a baños, agua potable ni energía eléctrica.

Entre los empleados había dos adolescentes de 15 y 16 años: todos percibían entre 150 mil pesos y de 200 mil pesos mensuales, con un solo día de descanso cada veinte.

Además, recibían descuentos por la comida que les proporcionaba el empleador. En el operativo intervinieron agentes de la Dirección Regional Tucumán de la DGI, la Secretaría de Trabajo de la Provincia y el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores).

Tras relevar las condiciones y recabar los testimonios de las víctimas, se radicó la denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, a cargo del juez Guillermo Molinari, con intervención de la Secretaría de Derechos Humanos.