La Justicia intervino en el conflicto entre ATE y el gobierno de Omar Gutiérrez. Ante una denuncia de dos funcionarios de la Oficina de Contrataciones de la provincia, el fiscal Pablo Vignaroli inició una causa para determinar la presunta comisión del delito de “impedimento de realizar un acto propio de funciones” contra los trabajadores de la dependencia por parte de los militantes de ATE que tomaron las instalaciones.

La denuncia fue realizada ayer después de que un grupo de trabajadores alineados en ATE, con el secretario general de la organización, Carlos Quintriqueo, a la cabeza, ingresara a la dependencia ubicada en la calle Carlos H, Rodríguez casi Irigoyen en el marco del plan de lucha que iniciaron los estatales para reclamar que les quitaron parte del aumento salarial que se acordó en paritarias en marzo.

“El Gobierno ratifica que cumplió en tiempo y forma con la liquidación de los salarios que se acordó en el acta de las paritarias. ATE no hizo ningún reclamo administrativo”. Juan Pablo Prezzoli Subsecretario de Gobierno y Justicia

El fiscal Vignaroli confirmó a LM Neuquén que abrió una causa tras recibir dos denuncias de empleados de Contrataciones. Ordenó a la policía constituirse en el edificio para identificar a los militantes que actuaron en el marco de la protesta. Al mismo tiempo, intimó a estos a desalojar el inmueble, pero recibió una respuesta negativa por parte de los trabajadores sindicalizados que tomaron Contrataciones.

Al cierre de esta edición, no había certezas sobre los pasos que adoptaría la Fiscalía para hacer cumplir la orden de desalojo. No se descartaban ni una acción compulsiva con la fuerza pública ni la convocatoria a una negociación entre el gremio y el Gobierno, con el Ministerio Público como mediador de oficio. Con estas dos alternativas sobre la mesa, será el fiscal actuante quien decida por dónde avanzar.

El pedido de identificación de los manifestantes realizado por el fiscal es el paso previo a la imputación de los partícipes en la toma del edificio de Contrataciones.

La actuación judicial en este caso se inscribe en un contexto marcado por una creciente judicialización de los conflictos sindicales en la Patagonia. Un caso emblemático es el del afiliado de ATE Mario Sepúlveda, imputado por una presunta agresión al presidente Macri.

“El Gobierno sabe que liquidó mal los salarios y por eso no nos convocó a discutir el tema. Por ahora no hay ningún canal de negociación abierto con los funcionarios”. Carlos Quintriqueo Secretario general de ATE provincial

Voz del gremio

Denuncia por la plata de campaña

ATE está preparando un pedido de auditoría de las cuentas públicas de Neuquén para presentar ante la Legislatura, el Tribunal de Cuentas y la Justicia ordinaria de la provincia. La dirigencia de ATE pretende esclarecer la denuncia mediática que realizó sobre el uso de los fondos del Estado para el financiamiento de la campaña del partido de gobierno. Al mismo tiempo, ayer se denunció la existencia de planillas del denominado voto seguro en la Oficina de Contrataciones, que fue tomada por sindicalistas.