Este viernes terminó la ronda de indagatorias a los seis empresarios y privados imputados en la causa sobre la Gestapo antisindical, donde aparecieron algunas de esas frases cuando aludieron a la ya famosa reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales.

En este marco, la mayoría de los empresarios compromete al exministro Villegas, también al exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, como también a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Admitieron que el encuentro no se trataba de una “mesa de trabajo institucional” sino que existía una finalidad política. 

Los empresarios se refirieron a los conflictos de larga data con la Uocra e intentaron justificar las denuncias o notas elevadas, e incluso hubo quienes buscaron despegarse de las causas penales contra el dirigente Juan Pablo “Pata” Medina que, precisamente, se investiga si fueron fabricadas, con la participación de los gobiernos nacional, provincial y municipal. En este marco, Grassi y Villegas serán indagados la próxima semana, jueves y viernes respectivamente. 

Marcelo Jaworski, el entonces vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, dijo que lo convocó el ministerio de Trabajo y que solo conocía a Villegas. El titular de UIGLP, Hugo Timossi, mandó una carta referida a la conflictividad general con la UOCRA donde pedía la intervención de la cartera. El 4 de septiembre, según Jaworski, llegó una citación judicial a la entidad de parte del juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, que ya tramitaba una denuncia penal contra Medina basada en una denuncia anónima. Con la notificación venía adjunta la misma nota que habían mandado a la cartera de Villegas. 

"Eso llamó mi atención porque la misma había sido enviada al ministerio de Trabajo y no a sede judicial y no entendía cómo ni por qué había ido a parar a un juzgado federal en Quilmes”, señaló el empresario, que apuntó a los exfuncionarios. 

"Tienen que ir a declarar al juzgado federal de Quilmes", le indicó el exsubsecretario de Justicia. El juez Armella ya estaba en poder de las notas enviadas al ministerio de Trabajo por empresarios y cámaras, como se había hablado en la reunión del Bapro, que no tenían relación con el anónimo que originó el expediente.  

A esto se suma descargo escrito de Guillermo Moretto, del Colegio de Arquitectos, quien volvió a señalar a Villegas, tras decir que no sabía de la presencia de agentes de inteligencia, que los filmaron sin consentimiento y reconoció que mandó después una nota al Ministerio de Trabajo con el argumento compartido con otros, de que la conflictividad con la UOCRA afectaba el trabajo. Jorge del Río, vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (APYMECO), declaró lo mismo.

El único de los hombres indagados esta semana que aceptó hablar y responder algunas preguntas fue Fabián Cusini, constructor inmobiliario y miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, también el único de ellos que hizo una denuncia penal concreta contra Medina, el 14 de septiembre de 2017. Relató que en la cumbre en el Bapro "Villegas hacia mucho hincapié en que las Cámaras hagan una denuncia, una nota, en la que se indique lo que sus afiliados o socios estaban pasando”. 

Al referirse a los conflictos con la UOCRA contó: "una vez que me quisieron parar una obra porque no tenía Coca Cola para almorzar, en otra oportunidad tuve que salir a comprar botas nuevas por que las que tenían no las querían usar". Agregó que "todo fue empeorando, comencé a recibir mas presiones, y como la cosa no daba para mas tuve que hacer la denuncia". Quien lo impulsó a hacer la denuncia penal, precisó, fue Grassi. La hizo, concluyó, porque no había soluciones institucionales. 

La última presentación, también escrita y sin responder al juez, fue este viernes la de Bernardo Zaslascky, de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción. Recordó que fue a la reunión, invitado por el ministerio de Trabajo, como a tantas otras frente a los problemas con la Uocra que afectaban a su entidad por transitividad: si se paraban las obras, había menos demanda de materiales.

 “Se hablaba de la existencia de causas judiciales contra Medina por su accionar ilícito, pero hubo también apreciaciones políticas muchas de las cuales no compartí, generándose en mi una suerte de incomodidad...", aseguró e insistió: "Me llamó la atención el tenor imperativo y guionante de la reunión”.