Ante la convocatoria firmada por la autoridad laboral, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fijó postura de manera inmediata. El sindicato estatal conducido por Rodolfo Aguiar anticipó que asistirá a la mesa de negociación con la exigencia prioritaria de otorgar una suma fija de $400.000 como nuevo piso salarial y el establecimiento de aumentos porcentuales libres de los techos impuestos desde la Casa Rosada.

Al referirse al encuentro paritario, el secretario general de ATE advirtió sobre la imposibilidad de alcanzar acuerdos si el Ejecutivo intenta congelar las pautas de recomposición: “Si el Gobierno insiste con ponerle tope a las negociaciones, será imposible lograr un entendimiento. Para empezar a recuperar parte de los salarios perdidos, se necesita iniciar un proceso sostenido de incrementos porcentuales que se ubiquen por encima de la inflación”, apuntó.

Aguiar remarcó que el desplome de los haberes estatales se combina con el incremento en los servicios públicos, alquileres y la canasta básica de alimentos, obligando a los trabajadores a recurrir al financiamiento crediticio para subsistir. “El Gobierno es el responsable exclusivo por el endeudamiento de los empleados públicos en Argentina. Hace casi 3 años que atacan los salarios y nos ofrecen como solución los créditos. En el sector público, el endeudamiento vino para reemplazar el ingreso real”, enfatizó el dirigente.

Para fundamentar el reclamo, el sindicato presentó un relevamiento interno que refleja el nivel de asfixia financiera en los ministerios y organismos descentralizados. Según el informe, el 87% de las y los estatales nacionales registra deudas vigentes, y un 73% mantiene pasivos acumulados con múltiples entidades en paralelo. En cuanto al destino de esos fondos, el 40% admitió utilizarlos para cubrir emergencias de salud, alquileres, expensas o educación, mientras que el 37% financia alimentos, vestimenta o cancela deudas previas.

Desde la organización sindical consignaron que la masa salarial del sector público acumula un deterioro acumulado superior al 44% durante la administración de Javier Milei. Asimismo, citaron un estudio del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que calcula en 14,9 millones de pesos la pérdida promedio individual que sufrió cada agente del Estado nacional desde diciembre de 2023, estimando en $3.065.161 el Salario Mínimo necesario para garantizar las necesidades básicas familiares.

Frente a la audiencia de este martes, ATE estructuró sus demandas centrales en los siguientes puntos:

Suma fija e incrementos: Otorgamiento inmediato de $400.000 como actualización de emergencia e incrementos porcentuales mensuales sin tope y por encima del IPC.

Garantía antiinflacionaria: Cláusula de revisión automática y reapertura de todos los convenios colectivos sectoriales (SINEP, Profesionales de la Salud CCT 1133/09, Personal Civil y Docente de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, e IOSFA).

Estabilidad laboral: Reincorporación inmediata de la totalidad del personal despedido desde el 10 de diciembre de 2023, frenar los pases a disponibilidad y las jubilaciones compulsivas, y concretar el pase a planta permanente del personal precarizado y monotributista.

Capacitación e ingresos: Reactivación del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCap) y rechazo a la aplicación de la reforma laboral sobre la función pública.

Derogación normativa: Anulación de la Ley Bases, del DNU 70/23 y de toda disposición orientada al desmantelamiento de las estructuras estatales.