Las diferencias estallaron luego de que SADRA denunció ante la Justicia y en un comunicado público una serie de irregularidades en las designaciones arbitrales, acusaciones de “manipulación de resultados”, presiones sobre los árbitros y la existencia de “estructuras paralelas” que —según su versión— erosionaron la credibilidad del sistema en los últimos siete años. “Durante los últimos siete años hemos denunciado públicamente y ante la justicia diversas irregularidades en las designaciones arbitrales, así como actuaciones que evidenciaban manipulación en resultados”, sostiene SADRA. Además, señala que enfrentó una “exclusión injustificada” del ámbito institucional, con consecuencias adversas para varios de sus afiliados.

La reacción de AAA fue inmediata y tajante: calificó a SADRA como un sector “carente de representatividad” y aseguró que su denuncia responde a una “campaña de desprestigio” carente de fundamento. Por su parte, UADA —que dice representar a más de 800 árbitros del interior del país— acusó al gremio denunciador de actuar con “oportunismo”, fomentar “mentiras” y mostrar una “absoluta falta de representatividad”, argumentando que SADRA cuenta con apenas 14 afiliados, cinco de los cuales estarían en actividad.

Este enfrentamiento sindical se produce en un contexto de enorme desconfianza social hacia el arbitraje: fallos polémicos, cuestionamientos al uso del VAR y denuncias de favoritismos se repiten cada fin de semana. En ese marco, las grietas abiertas entre los propios representantes de los árbitros profundizan la crisis institucional y aumentan la incertidumbre sobre la independencia y transparencia del sistema.

Mientras SADRA exige reformas profundas y un arbitraje “honesto y transparente”, AAA y UADA respaldan el actual funcionamiento institucional y defienden la profesionalidad de los jueces, con lo que el conflicto amenaza con prolongarse y generar consecuencias para la credibilidad del fútbol argentino.