Los representantes gremiales quieren imponer el pago de un bono para trabajadores privados y estatales, una idea con la que los empresarios no quieren saber nada.

Esta iniciativa, que tomaría como modelo el pago único de $ 6000 que el Gobierno anunciará hoy para jubilados, no habla por el momento de una cifra precisa, aunque algunos se animaron a hablar de $ 10.000.

«Puede ser de $ 10.000 o menos, no está establecido. Pero sí está claro que la idea es establecer un monto», sostuvieron a El Cronista fuentes sindicales.

Del lado empresario, sin embargo, la visión es totalmente contraria. «No hay chances», sostuvo Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), ante la consulta de si esta opción era viable.

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Y como si esa diferencia de pensamientos no fuera suficiente, en el Gobierno también tienen distintas visiones respecto de un posible bono.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, es uno de los que se opone a esta opción, sobre todo porque, en el caso de los empleados estatales, implicaría un gasto extra para el Gobierno e iría en contra de lo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto de este tipo de desembolsos, algo similar a lo que ocurre con el pago extra de $ 6000 a jubilados.

Quienes sí están de acuerdo sostienen que «algo hay que hacer» para poner más dinero en el bolsillo de la gente y que «hay que dar señales para fortalecer los ingresos».

Para poder implementar este mecanismo, el Gobierno debería acudir a un decreto, tal como ocurrió en enero de 2020, cuando se estableció un bono de $ 4000 para los trabajadores.

COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS

El eje de esta discusión tiene como sustento el punto «5-D» del documento firmado anoche por sindicalistas y empresarios -en el que no se exponen medidas puntuales más allá de la conformación de esta mesa de trabajo en si-. Allí se explicita que «las partes coinciden en la necesidad de fortalecer la recomposición de los ingresos reales de los trabajadores«.

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Y allí es donde para unos resulta fundamental la aprobación del bono, en tanto que para otros esa mejora del poder adquisitivo debería salir de la propia letra del acuerdo, «que no contempla para el sector privado esta mecánica».

De este modo, la idea de «trabajar todos en la misma dirección» que explicó Guzmán durante la reunión tiene consenso en el trazo grueso de la propuesta, aunque evidentemente todavía hay puntos importantes que se deben limar.

El objetivo del Gobierno es alcanzar «consensos básicos y fundamentales para establecer una agenda de trabajo común para generar propuestas de medidas dirigidas a enfrentar la inflación, garantizar el acceso de bienes y servicios básicos, promover la inversión pública y privada y fortalecer la recomposición de los ingresos reales de los trabajadores».

Durante el encuentro se llegó al acuerdo respecto de la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de la gente y bajar las expectativas inflacionarias

El documento que se conformó en este sentido fue firmado por todos los presentes en el Ministerio de Economía. Además de Guzmán estuvieron Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Daniel Funes de Rioja y Diego Coatz (presidente y director ejecutivo de la UIA, respectivamente), y Héctor Daer, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez (CGT).

o asociaron al «escenario internacional abierto por la crisis en Ucrania».

Esto, dijeron, genera «nuevas fuentes de inestabilidad que se expresan en mayores tensiones inflacionarias». «La inflación, hoy, es la combinación de problemas internos y de la escalada inflacionaria internacional», apuntaron.

Para atacar estas cuestiones es que se determinó la conformación de esta mesa, a la que luego se deberían sumar representantes del comercio, el agro y la construcción.