Con esta medida, la Ciudad queda habilitada a asumir la responsabilidad por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que puedan afectar a sus empleados, consolidando un esquema de autoaseguro público contemplado por la legislación vigente.

Qué es el autoaseguro público

El régimen de autoaseguro permite a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires administrar por cuenta propia el sistema de riesgos del trabajo, siempre que acrediten ante la SRT condiciones técnicas, operativas y financieras suficientes. Entre los requisitos exigidos se encuentran la existencia de una estructura sanitaria adecuada para brindar las prestaciones médicas y la conformación de un esquema económico independiente que garantice el pago de las prestaciones dinerarias.

En el caso del GCBA, la SRT analizó la documentación presentada y consideró que se cumplían los parámetros establecidos por la normativa. No obstante, el organismo formuló una serie de observaciones técnicas que deberán ser subsanadas dentro de los plazos que oportunamente se determinen.

Registro y control permanente

La resolución también dispuso la incorporación del Gobierno porteño al registro oficial de la SRT bajo la categoría de “Empleador Autoasegurado Público Provincial”. De este modo, la Ciudad pasa a integrar formalmente el sistema de autoaseguro regulado por el organismo nacional.

Desde la Superintendencia aclararon que la autorización no implica una delegación total del control, ya que la SRT mantendrá sus facultades de fiscalización para supervisar el funcionamiento del régimen, verificar el cumplimiento de las observaciones formuladas y asegurar que las prestaciones se otorguen conforme a los estándares legales.

Entrada en vigencia

La autorización rige desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ese momento, el Gobierno de la Ciudad queda plenamente habilitado para gestionar de manera directa las acciones de prevención, la atención médica y las prestaciones económicas derivadas de los riesgos del trabajo de su personal.

Con esta decisión, la SRT profundiza la aplicación del esquema de autoaseguro público previsto por la ley, una alternativa que apunta a una gestión más directa de la prevención y cobertura de los riesgos laborales en el sector estatal, bajo la supervisión permanente del organismo regulador.