En abril de este año, el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz cumple dos años de intervención por parte de la Federación Argentina Sindical de Petroleros Privados, siendo que aún no hay fecha concreta de convocatoria a elecciones. El malestar entre los trabajadores es creciente, agrupaciones de autoconvocados denuncian malversación de fondos y cuestionan a los delegados normalizadores y a sus colaboradores de trabajar contra los intereses de los obreros. Mientras tanto, esperan el avance de una resolución de la Justicia federal que, según el abogado que asesora a este grupo, Walter Chiara, sería un gran avance de cara a las elecciones, ya que piden a la Federación y al Ministerio de Trabajo de Nación que explique “por qué se extendió la intervención más de 90 o 120 días”. Concretamente en esa oportunidad, el Juzgado Federal (en un oficio librado por el juez federal subrogante de Caleta, Gonzalo Miranda, luego del pedido de la Fiscalía Federal local) le pide primero al ministerio que informe “en qué fecha y con qué alcances se designó interventor y/o delegados normalizadores y/o comisión normalizadora en el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz durante el año 2011, como así también la fecha dispuesta por ese ministerio para el cese de la intervención aludida”.

No se conoce a la fecha si hubo mayores avances al respecto, pero sí se dieron declaraciones de petroleros cercanos a la intervención, como fue el caso de Marcelo Turchetti, cuestionando esta resolución y avalando la continuidad de la intervención en el sindicato.

En este contexto, se conoció esta semana que pasó una noticia que conmocionó al ambiente gremial de los petroleros, ya que trabajador e integrante de los autoconvocados antes mencionados fue atacado brutalmente y apuñalado por desconocidos.

Eduardo Carabajal (el agredido) dijo a medios locales que “no fue un hecho de delincuencia común. Se me atravesó una camioneta gris y se bajaron dos tipos que no conozco, pero que reconocería inmediatamente si los volviera a ver. No me pidieron nada, ni me dijeron que era un asalto, andaban en un vehículo caro, empezaron a insultarme y el que iba de acompañante, bastante más alto que yo, me dio un puntazo, me sorprendí, me asusté y ellos huyeron”.

Carabajal manifiesta estar seguro que es víctima de acciones mafiosas de las que responsabiliza a la actual intervención vigente en el gremio de Petroleros Privados de Santa Cruz.

También afirma que los anuncios de la intervención sobre mejoras en la obra social e inauguración de salones son una cortina de humo. “Legalmente no hay nada a nombre del gremio y las mejoras en la obra social no son tales, porque todavía se quejan afiliados de la mala atención y se niegan muchas derivaciones”. Asimismo cuestionó a Juanito Barrientos, de quién afirma “se mueve con patovicas, está involucrado en los hechos que llevaron al asesinato del policía Jorge Sayago y ni él ni sus ‘colaboradores’ son representativos de la voluntad de los trabajadores petroleros”.

Por su parte, los delegados normalizadores no dieron sus versiones al respecto y se limitaron a decir que sus acciones de gestión son comunicadas a través de su página web www.sipegapsa.com.ar. Allí muestran distintos balances sobre los ingresos de dinero en concepto de aportes sindicales y las últimas obras realizadas en materia social para los afiliados. Tan sólo un dato en la página hace prever la razón de la disputa a la hora de mantener las riendas del sindicato: En el año 2012, los trabajadores dejaron cerca de 18 millones de pesos sólo con aportes sindicales.