Luego de un largo proceso que comenzó a mediados de los ‘90, en 2014 se logró aprobar la nueva ley de paritarias municipales en la provincia de Buenos Aires, derogando la 11.757. Pero su puesta en funcionamiento se fue demorando, e incluso apenas asumió, la gobernadora María Eugenia Vidal dictó una prórroga de 180 días, ya cumplida a mediados del año pasado. Hoy, la nueva normativa está en plena vigencia, lo que obliga a los intendentes a sentarse con los gremios locales a discutir no sólo salarios, sino también un convenio colectivo de trabajo integral para cada municipio.

Según los datos de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), la ley 14.656 “permanece sin cumplirse en más de dos tercios de las comunas bonaerenses”. Esto es, apenas unos 40 de los 135 jefes comunales de la provincia firmaron convenios colectivos. “Hay una cultura en muchos municipios de no firmar, siempre buscan cualquier excusa. Hay una cultura de no querer sentarse de igual a igual”, expresó Rubén “Cholo” García, titular de la entidad.

Pese a esto, las comunas discuten salarios. En lo que podría definirse como “simulacro de paritaria”, los distritos tratan de cerrar la pauta salarial y así evitar que la discusión con sus trabajadores los obligue a ir más adelante, como marca la ley.

En este marco, la Federación anunció que sus gremios rechazarán el 18 por ciento de techo que intenta poner la Provincia de Buenos Aires a sus empleados. Así lo expresaron el 7 de marzo, cuando una columna importante de trabajadores municipales marchó junto a la CGT para decirles “no” a las paritarias que intenta imponer el oficialismo nacional y provincial, y a las que muchos intendentes -sean del Frente Cambiemos o no- se agarran.

En la región, la discusión está en plena ebullición. Si bien pocos gremios lograron que los intendentes cumplan la ley, las discusiones se están haciendo, con resultados dispares. Desde las muy conflictivas y tensas, como se dan en Avellaneda y Esteban Echeverría, hasta las cordiales y con algunos frutos concretos, como hay en Almirante Brown. Lo cierto es que a la nueva ley le sobreviven viejas mañas.

En este informe, Política del Sur repasa qué sucede en los distritos respecto de sus empleados y la cuestión salarial y laboral.

Avellaneda: conflicto sin fin

En el partido que gobierna Jorge Ferraresi hay una verdadera disputa abierta con los municipales, y luego de varios capítulos, la novela está en su punto más tenso. En la cuna de la FeSiMuBo, la relación de la gestión con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA) es de total conflicto. Hace unas semanas, el Intendente cerró paritarias con una suba del 30 por ciento con tres gremios considerados aliados: SUMA, UPCN y AMRA. Sin la presencia del gremio que conduce Hernán Doval -quien habló de “farsa” respecto de esta paritaria- la discusión está instalada en el Ministerio de Trabajo, donde las partes discuten por despidos y las denuncias de persecución sindical presentadas contra funcionarios del gobierno local.

“Si se ve en porcentaje, es un 30 por ciento real. Lo que no se dice es que el básico en Avellaneda es de cinco mil pesos. Cuando terminemos la pauta salarial, vamos a tener un básico de 6.500, cuando hoy tenemos el Mínimo Vital y Móvil en Argentina a 8.060 pesos. ¿Dónde está la reivindicación salarial?”, se quejó en diálogo con el programa radial Política del Sur Daniel Ferro, secretario de Prensa y Cultura del Sindicato de STMA.

El sindicato rechazó el acuerdo salarial recordando que no está amparado en la ley provincial 14.656 de Paritarias Municipales. Además, existe una disputa por quién es el gremio de mayor representación. “UPCN es una entidad recaudadora. Ferraresi la trajo para rompernos a nosotros. El SUMA lo armó él, entonces le aceptan todo”, disparó Ferro.

Desde la Comuna argumentan que los números que ellos manejan les permiten cerrar el acuerdo salarial. En el comunicado difundido luego de firmar el acuerdo se sostuvo que “SUMA cuenta con 983 afiliados, UPCN con 913, el STMA tiene 897 afiliados y AMRA posee 127 trabajadores en su gremio”.

En tanto, en la cartera provincial hubo dos encuentros, sin mayores avances. El STMA denuncia más de 40 despidos en dos años, todos vinculados a su sector. Además, hubo acusaciones de “aprietes” a los trabajadores que se afilian al gremio, lo que hizo que Doval se reuniera con el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, a quien le planteó la problemática que se vive en Avellaneda.

En este sentido, Ferro indicó que seguirán reclamando “la redacción del Convenio Colectivo de Trabajo, el aumento salarial con un básico de diez mil pesos y la reincorporación de los 34 cesanteados”.

Lanús: en plena negociación

El distrito de Lanús es la “cabeza de playa” de Cambiemos, ya que es unos de los pocos de la Tercera Sección Electoral conducido por esa fuerza. Allí, Néstor Grindetti gobierna luego de más de tres décadas de peronismo, y eso se volvió en muchas formas una gestión emblemática para Cambiemos. Durante el verano comenzaron las negociaciones con el sindicato municipal, encabezadas por el histórico dirigente Miguel Pedhelez.

La primera oferta del Intendente respondió al pie de la letra a las directivas de los gobiernos provincial y nacional: una suba del 18 por ciento. Esto fue rechazado por el sindicato, que la semana pasada hizo una contraoferta.

“El corset que impone el Gobierno nacional por el Ministerio de Trabajo y la posición muy firme de la Gobernadora condiciona a los municipios”, admitió Pedhelez, en diálogo con Política del Sur radio. Luego de este rechazo, hubo algunas mejoras, incluyendo la posibilidad de que el 18 por ciento después del aguinaldo podría convertirse en un 20 por ciento, pero “sin ser transparentado”. “Ante esa alternativa, mantuvimos la posición de rechazo absoluto en las cuotas y la distancia de las cuotas”, agregó el dirigente sindical.

Otra propuesta barajada en la negociación fue el sinceramiento respecto a los adicionales, lo cual fue mencionado por el titular del sindicato como un “eufemismo”, ya que es “plata en negro como los contratos”, es decir, “precarización laboral”.

Ante esta situación, el propio gremio confirmó que hizo una contraoferta, en la cual, si bien “no se habló de porcentaje”, se reclamó por un “sinceramiento de los básicos” que permita blanquear muchos adicionales que están por afuera del salario. Hasta el momento no hubo acuerdo, por lo que se mantiene la incertidumbre con lo que pueda pasar.

“Si hay un sector que quiere negociar y no romper son los trabajadores”, aseguró Pedhelez en la nota radial.

Lomas de Zamora: lentas conversaciones

La paritaria lomense parece la más lenta de iniciar. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora (STMLZ) oficializaron en febrero su intención de discutir la pauta salarial comenzando con una suba del 30 por ciento.  En este contexto, se rechazó la idea de un techo salarial del 18 por ciento, como el que pretende el Gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto de sus empleados públicos.

En un momento amenazaron con iniciar acciones ante la falta de diálogo, ya que el pedido de reunirse de forma urgente no fue contestado por la gestión de Martín Insaurralde.

En el gremio que lidera el histórico dirigente Aldo Castro recuerdan que el año pasado, la inflación fue del 40 por ciento, y sostienen que debe ser parte de la discusión lo perdido.

En el oficialismo saben que la negociación salarial es clave, en especial en este año electoral. La proyección provincial de Insaurralde hará que la resolución de la disputa salarial tenga atención extra. Como muchos intendentes del PJ, el jefe comunal lomense está en una disyuntiva: aumentar por encima del piso salarial de Vidal, para buscar un efecto político; o ponerle límite al reclamo de los gremios pensando en la salud de las cuentas, siempre necesarias en un año electoral.

En un reciente acto, Insaurralde respaldó el reclamo docente, que lleva dos semanas de paros y movilizaciones. Al considerar “justo” el pedido de los gremios, el intendente y referente del grupo Esmeralda se puso en una posición difícil, ya que no aceptar el pedido del 30 por ciento de sus propios empleados lo dejaría en posición de “doble discurso”.

Esteban Echeverría: otro cierre compulsivo

La relación del intendente Fernando Gray y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Esteban Echeverría (STMEE) es -desde 2007, cuando comenzó la gestión- conflictiva. Hubo varios conflictos que terminaron con fuertes denuncias y una actitud de ninguneo permanente del oficialismo hacia el gremio.

Una muestra de esto es que el jefe comunal decidió dar un aumento por decreto, similar a lo que sucedió en Avellaneda, sin el visto bueno del sindicato. Esto generó el rechazo de la dirigencia y la confirmación del inicio de un plan de lucha que comenzó la semana pasada con asambleas en los lugares de trabajo, una decisión que cuenta con el apoyo de la FeSiMuBo. Pedirán, además, la intervención del Ministerio de Trabajo.

Por una decisión unilateral, el Intendente dio un aumento estableciendo trabajadores de primera y segunda. “Tomaron la decisión de dar 15 por ciento en marzo y un 12 en agosto no acumulativo”, confirmó a Política del Sur Adrián Gouín, titular del STMEE. El gremio fue convocado la semana pasada a una reunión informativa, en la cual el Ejecutivo “negó la ley 14.656, no sentó a los paritarios”, agregó.

En cuanto a la suba otorgada, Gouín dijo que, al no ser acumulativa y no tener en cuenta la inflación, “no se recupera en 2016”. Explicó que el pedido del gremio a la gestión del intendente Fernando Gray era de un “30 por ciento retroactivo al primero de enero”.

Además, el STMEE reclamó otros pedidos, como el 5 por ciento de antigüedad, pase a planta permanente de contratados y la discusión dentro del Convenio Colectivo de Trabajo establecido por la ley 14.656. “No se discutieron los básicos, por ende, categoría 1, que es la planta mayoritaria, no llega a cubrir la canasta básica y el Salario Mínimo Vital y Móvil”, protestó.

El largo historial de conflictos que existen en este distrito incluye amenazas y denuncias, como la realizada el año pasado en la justicia penal contra el propio Gray, por la amenaza de muerte a una trabajadora que realizaba actividades de difusión sobre la actividad de “#NiUnaMenos. Sumado a que, por la falta de aplicación de la nueva ley de paritarias, el gremio municipal denunció al jefe comunal por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Almirante Brown: acuerdo y elogios

A comienzo de este año, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Almirante Brown mostró el buen momento en el que están las relaciones con el intendente Mariano Cascallares. Muy temprano se firmó la paritaria anual, que incluyó un reconocimiento récord para el 2016, toda una meta para la región. “Por un pacto social y de paz firmamos un acuerdo del 18 por ciento, con la cláusula de cómo le vaya a este gobierno”, confirmó a Política del Sur Ricardo "Cacho" Sandoval, titular del gremio.

Ese porcentaje, que coincide con el techo que proclama el Gobierno provincial, podría quedar “corto”, admiten en el sector sindical. “A través de los tarifazos que hay y los aumentos de la canasta familiar, corre serio peligro lo que hemos firmado”, admitió el dirigente. Por eso, ese número está firme, pero en posible revisión.

Sandoval recordó que su gremio cerró el año pasado una suba del 38,5 por ciento. "Una de las paritarias más grandes", subrayó.

Además, marcando la sintonía que existe con la gestión comunal, mediante un convenio se acordó que los empleados de la comuna recibirán una suma de 2.100 pesos extras, a los 900 anunciados por el Gobierno nacional destinados a la canasta escolar.

Sandoval explicó que "Nación da 900 pesos y, a través de un acuerdo, luego de varias reuniones y la buena intención del Intendente, nos dio una suma de 2.100, lo que daría un redondeo de tres mil pesos a cobrar el jueves 23 de febrero". Sandoval agradeció al mandatario browniano “por el esfuerzo que hace” en poner esos fondos.

En ese contexto, criticó la forma del Gobierno provincial de querer imponer un piso del 18 por ciento salarial, al sostener que "hay una forma jodida de manejarse políticamente”. “Antes criticábamos que se usaba la chequera, pero ahora se usa el látigo, porque, intendente que no haga lo que dice la Provincia, no se le baja una moneda más", arremetió.

En cuanto a la ley provincial, el gremio avanzó en cuestiones fundamentales como el pago de un 4 por ciento de antigüedad, reclamo histórico que se concretó durante esta gestión. Además, se acordó la recategorización de agentes municipales y la recomposición salarial de un 4 por ciento de la paritaria 2016, a pagarse en forma desdoblada 2 por ciento este mes y otro tanto en febrero, pero en forma acumulativa.