El 70% de los ingresos del Surrbac venían de la mutual

El 70% de los ingresos del Surrbac venían de la mutual

El 70% de los ingresos de la mutual provenía de los préstamos que se les entregaban a los empleados de recolección de basura. Esta operatoria está vedada y por eso la mutual fue intervenida. El balance revela que hay $ 47 millones que la entidad aún debe cobrar.

La Asociación Mutual del Sindicato Único de Recolectores de Residuos de Córdoba (Amsurrbac) registró en 2018 ingresos por 148.840.241 pesos. La cifra equivale al 70 por ciento de los recursos que en 2018 manejó el propio Surrbac, uno de los gremios más gravitantes de la vida pública de la provincia de Córdoba y el único que tiene, hoy por hoy, detenidos a sus dos dirigentes principales: Mauricio Saillén y Pascual Catrambone.

De esos 148,8 millones de pesos declarados como ingresos, apenas el 13 por ciento corresponden a los pagos que hacen los afiliados por su condición de tales. El 87 por ciento restante son ingresos “por prestaciones”.

Si bien la mutual no especifica qué prestaciones son, las notas a los estados contables permiten inferir que eran, precisamente, las operaciones financieras que investiga la Justicia federal.

Todo indica que a través de la mutual se realizaban las operaciones ilícitas por las que pesan sobre los dirigentes gremiales los cargos de asociación ilícita, lavado de dinero, usura y defraudación.

Este medio accedió, mediante la presentación de un recurso de acceso a la información pública, al balance que la mutual le presentó al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

Este documento, al igual que los estados contables del propio gremio, no se publican en la web y fueron negados ante el pedido de La Voz.

Los datos contables de la mutual arrojan algunas curiosidades. Hay, por ejemplo, 47 millones de pesos en situación morosa; 22 millones previsionados por el concurso preventivo de Cotreco y la admisión indirecta de que se dedicaban a prestar fondos, algo que expresamente tenían vedado y por lo que habían sido suspendidos y, ahora, intervenidos.

Cómo viene la mano

El Surrbac, en tanto gremio, obtiene sus ingresos de los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores fijados por convenio. Es toda plata en blanco y trazable y que equivale al nueve por ciento de la masa salarial bruta que cobran los 2.720 trabajadores de las empresas Cotreco, Lusa, Lam SA, Pol SA, Crese y Esop. Hay ahí tres por ciento de cuota sindical obligatoria; dos por ciento de contribución empresaria para actividades sociales, recreativas y culturales; 1,5 por ciento por seguro de sepelio; 0,5 por ciento de Fondo de Capacitación, y dos por ciento en concepto de profesionalización. En 2018, eso sumó 213,1 millones de pesos.

Además, las empresas hacen un descuento de otro tres por ciento a todos los trabajadores: uno por ciento para el Club Atlético Amsurrbac, uno para la copa de leche y uno por ciento para un seguro específico que cubre contingencias de los que tomaron préstamos en la mutual.

Según el balance, este último uno por ciento representó 19,4 millones de pesos en 2018. Figura como “cuota afiliatoria”. El grueso de los ingresos se apalanca en un privilegio que la Justicia federal le truncó el 27 de noviembre pasado: los códigos de descuento.

Por entonces, con los dirigentes detenidos desde el 27 de agosto, era demasiado evidente que en la mutual estaba el pivote financiero del gremio investigado.

Hasta entonces, la mutual enviaba todos los meses a cada una de las empresas de recolección una planilla en la que se consignaba nombre de afiliado y monto por descontarle de modo directo de su recibo de sueldo y, luego, girado a la entidad. Todo un trabajo administrativo que trasladaban a los empleadores y que les garantizaba, a cero riesgo, el cobro de las cuotas.

¿Cuotas de qué? Bueno, aquí aparece el meollo del presunto delito que investiga la Justicia.

Por un lado, les cobraban lo que los afiliados compraban en lo que en la jerga llaman el “showroom”, un local en Maipú 347 que ofrece electrodomésticos, muebles, juguetes, motos y tecnología, entre otros bienes.

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La mutual indica en sus estados contables la posesión de mercadería por 8,5 millones de pesos en ese local y por 2,6 millones en la farmacia, donde además compraban y pagaban vía descuento en el recibo de sueldo.

Pero lo que también cobraban eran las cuotas de los préstamos en dinero, “ayudas económicas” como les denominaban, y que no estaban habilitados a dar.

Irregularidades

Esa operación tiene dos irregularidades. Cobraban intereses usurarios, en torno de 170 por ciento, cuando las tasas bancarias rondaban el 35 por ciento, pero además era algo que no tenían habilitado. Esos préstamos eran caros y también confusos, y no especificaban al trabajador cuánto tenían que devolver, a qué costo y en qué plazo. De todos modos, no son objeto de la investigación judicial.

La segunda irregularidad radica en la naturaleza en sí de la actividad: prestar plata. El Inaes sólo les había autorizado “un reglamento de gestión de préstamos”.

Esta figura les permitía gestionar préstamos que dan terceros, que en general son bancos, pero el Inaes detectó que estaban entregando “ayuda económica mutual” con fondos propios de la entidad. Hay mutuales que lo hacen, pero están específicamente habilitadas para eso. No era el caso de Amsurrbac.

Esta irregularidad fue detectada en 2013 por el Inaes, que le abrió un sumario e intimó a abstenerse de prestar el servicio de ayuda económica. La mutual presentó un recurso de reconsideración, que fue rechazado.

En 2016 le hicieron otra inspección y encontraron que seguían entregando las ayudas económicas. Para esa fecha, ya estaba vigente la resolución Nº 1.659/16, un nuevo marco normativo para prevenir el lavado de activos, por lo que se suspendió la mutual, aunque eso no significó una clausura, como hace la Afip con un comercio ante una falta grave.

 

En 2018, la Justicia provincial designó dos coadministradores de la entidad, lo que haría suponer que efectivamente dejaron de entregar ayudas mutuales. Pero no.

En 2019, ya con Saillén y Catrambone detenidos, el Inaes pidió la intervención de la Amsurrbac, hecho que sucedió el 13 de diciembre pasado. La medida implica que todos los órganos de conducción del gremio fueron desplazados. En los hechos, el gremio no puede disponer de esa caja clave para generar nuevos ingresos y, sobre todo, cobrar lo ya entregado.

Franco Saillén, hijo de Mauricio y vocal de la mutual (al menos hasta la intervención) dijo a La Voz en diciembre pasado que las ayudas mutuales se dejaron de entregar a mediados de 2018 y que “sólo quedaban 350 mil pesos pendientes por cobrar”.

De ser así, la mutual debería haber hecho una brillante y eficiente gestión de cobro durante 2019, porque según se desprende de los estados contables de 2018, la plata que el gremio tenía en la calle era gigantesca: 47,91 millones pendientes de cobro y otros 47,62 millones en situación morosa. Esos ítems figuran bajo el título “créditos”.

Si bien el balance no hace una apertura de los ingresos por prestaciones, hay una referencia que realiza el auditor Matías Gustavo Recio que permite inferir que sí prestaban plata. Es en el “punto d” del título “opinión” de su informe sobre los estados contables.

Allí indica que la mutual “dio cumplimiento a la resolución 221/10 de Inaes. Esa resolución obliga al auditor a dejar constancia de que cumplió con las normas de la UIF para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en operaciones como la entrega de créditos, con lo que deja en evidencia que la entidad siguió realizando operatoria de crédito, a pesar de que desde 2016 estaba suspendida por, justamente, entregar créditos”.

Ingresos declarados

$148 millones. Son los ingresos que la mutual del Surrbac (Amsurrbac) declaró en sus balances, durante 2018. De ese monto, sólo el 13 por ciento es lo que aportaron los empleados por sus cuotas sindicales. El 87 por ciento restante fueron recursos que tuvieron origen en las “prestaciones”.

 

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