En el primer día de la semana de protestas en las universidades públicas del país, un informe del CEPA puso cifras al conflicto que atraviesa el sistema universitario. El estudio analiza la evolución del financiamiento y de los salarios docentes y no docentes, y concluye que el presupuesto universitario sufrió un fuerte recorte en términos reales desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Según el documento, el presupuesto destinado a las universidades nacionales cayó un 28,7% entre 2023 y 2025. Si se proyecta el crédito vigente para 2026 en términos reales, la reducción acumulada alcanza el 45,6% respecto de 2023. El informe sostiene que, de haberse aplicado la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, el presupuesto habría quedado apenas 3,6% por debajo del nivel previo al ajuste.

El trabajo también advierte que el mayor impacto del recorte se concentró en los salarios. En promedio, el gasto salarial representa casi el 87% del presupuesto universitario, por lo que la reducción presupuestaria terminó trasladándose principalmente a docentes y no docentes. Entre 2023 y 2026, el gasto destinado a salarios se redujo 43,2% en términos reales.

A la par del recorte presupuestario, el informe detalla una marcada pérdida del poder adquisitivo. Entre noviembre de 2023 y enero de 2026, los salarios del personal docente y no docente registraron una caída real del 34%. Gran parte de ese deterioro se produjo durante los primeros meses de 2024, cuando la inflación superó ampliamente los incrementos salariales.

El estudio también compara los ingresos con las canastas de consumo elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En enero de 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los cargos más altos del personal no docente superaban la línea de pobreza. El resto de los escalafones docentes y gran parte del personal administrativo perciben salarios por debajo de la canasta básica total, y en varios casos incluso por debajo de la línea de indigencia.

El informe aparece en un momento clave del conflicto universitario y aporta argumentos económicos a una discusión que ya ocupa el centro del debate educativo. Mientras el Gobierno sostiene el supuesto equilibrio giscal en medio del AdorniGate, los datos muestran que el ajuste impactó de manera directa en el financiamiento del sistema universitario y en el poder adquisitivo de quienes trabajan en él.

El reclamo salarial y presupuestario que hoy se expresa en las protestas no solo refleja una disputa gremial, sino también una discusión de fondo sobre el rol del Estado basada en una ideología de destrucción pública.