La resolución llegó tras un amparo presentado por la Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA) y se suma a otros fallos recientes contra distintos puntos de la reforma. El mismo magistrado ya había aceptado una cautelar de la CGT que suspendió más de 80 artículos de la ley y también intervino esta semana en otro expediente vinculado a trabajadores embarcados.

El fallo genera expectativa entre otros sectores alcanzados por la eliminación de estatutos especiales, especialmente entre trabajadores de prensa, ya que la Reforma Laboral también derogó el Estatuto del Periodista Profesional, además de normas que protegían a peluqueros, choferes particulares y otros convenios específicos.

En la resolución, Ojeda sostuvo que la intervención judicial busca preservar “la paz social” y evitar conflictos derivados de la pérdida de derechos laborales. Además, recordó que los trabajadores “gozan de preferente tutela constitucional”, principio respaldado tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales firmados por la Argentina.

El magistrado también citó al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al afirmar: “En este juicio se solicita la intervención de este Poder Judicial para evitar que en ese barco social no se arroje a los trabajadores y trabajadoras por la borda”.

Otro de los puntos destacados del fallo es la crítica al tratamiento parlamentario de la reforma. El dictamen del Ministerio Público, retomado por el juez, cuestionó la falta de debate sobre la eliminación de derechos laborales y remarcó que “diez minutos por orador no es debate”. También planteó que el Estado deberá explicar “cómo busca compensar esta quita de derechos del sector”.

La resolución judicial representa un nuevo revés para el Gobierno en el terreno laboral y fortalece las expectativas de sindicatos y federaciones que buscan frenar la eliminación de regímenes especiales. En el caso de los trabajadores de prensa, el antecedente abre una puerta para futuras presentaciones judiciales que intenten recuperar el Estatuto del Periodista, una herramienta histórica de protección profesional y salarial.