En un fallo que cataloga como histórico, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 ordenó la reincorporación de una trabajadora trans despedida del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”.

Esta decisión, impulsada por una acción judicial de ATE Capital, destaca la ley 27.636, conocida como “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, que promueve el acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. El fallo marca la obligación del Estado de garantizar el cupo laboral trans, estableciendo que no puede ser inferior al 1% del total del personal en todas las modalidades de contratación.

El fallo resalta que la reincorporación de la trabajadora no solo es un acto de justicia individual, sino que también asegura el interés público en la protección jurídica frente a situaciones de desigualdad estructural. La justicia reconoce que las personas trans enfrentan altos niveles de prejuicio y discriminación que afectan su acceso a fuentes de trabajo y, consecuentemente, su calidad de vida y salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha subrayado que el estigma social es una de las principales causas por las que las personas trans no son contratadas, incluso cuando poseen las calificaciones necesarias.