Según informa la versión local de su sitio corporativo, “RR Donnelley, líder mundial de la industria gráfica, fue creada en 1864, en Chicago, Estados Unidos, contando en la actualidad con más de 55.000 empleados en todo el mundo... (Y está) presente en el mercado argentino desde 1992”. Su planta en Garín, cabe agregar, da trabajo a más de 400 personas. Fue cerrada intempestivamente el lunes pasado, antes de que se declarara oficialmente su quiebra, por propio pedido. La diferencia se mide en horas, lo que no le resta ilegalidad ni prepotencia ni significación a la jugada.

La situación apesta a lock out, esto es, a medida de fuerza inconsulta y unilateral de la empresa. Se subraya la expresión “lock out” porque parece estar prohibida por los manuales de estilo de la mayoría de los dirigentes opositores y de la prensa hegemónica.

La actual ley de quiebras (apodada “Ley Cavallo”, adivinad por qué) es muy benigna con los pedidos formuladas por el propio deudor. Exige, claro, una serie de requisitos formales que cualquier gran empresa puede preparar con tiempo. Los tribunales comerciales, mayoritariamente, son más benignos que las normas, corpos friendly. Los grandes estudios entran a esa cancha en condición de locales, sin tribuna visitante. El estudio Marval-O’Farrell- Mairal representa a la multinacional y conoce esa cancha al dedillo.

Los laburantes tomaron la planta en defensa de sus derechos. Hay en ella materia prima para seguir produciendo con normalidad durante semanas, solo para empezar. Abundan pedidos en trámite para cumplir y facturar. Según información conseguida por los laburantes y que el Gobierno considera veraz, Donnelley tiene, por lo menos, nueve millones de pesos en cuenta corriente, disponibles. Los salarios de julio se pagaron el 5 de agosto, los de este mes (a ojímetro, alrededor de 6 millones de pesos) podrían cubrirse con ese dinero disponible, si el juez comercial Gerardo Santicchia lo ordena.

El Gobierno decidió intervenir en varios frentes. La AFIP pidió que se revoque el decreto de quiebra en la Justicia comercial. Y presentó una querella penal por delitos económicos, que quedó radicada ante el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien regresará de una licencia el martes. El principal objetivo del Gobierno, al que esas movidas pueden ayudar, es mantener activa a la empresa y conservar las fuentes de trabajo.

El juez Santicchia debe resolver cuanto antes sobre la continuidad y los pasos a seguir.

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Números y continuidades: Para la praxis patronal que analizamos, la quiebra no es una tragedia dolorosa que duele o abochorna al empresario, como en alguna bella novela de Honorato de Balzac. Su régimen, el real y tangible, la facilita y la instala como un rebusque más. La ley fija recaudos, sin embargo. El primero es la “cesación de pagos”: quien pide su bancarrota debe estar imposibilitado de cumplir sus obligaciones. Un mal trance financiero no la habilitaría, menos aún la perspectiva de un futuro difícil. Quebrar dista de ser un recurso entre otros, es una salida extrema.

En la legislación argentina, una empresa puede llegar a cerrar y despedir a sus empleados, pagándoles las condignas indemnizaciones. La estabilidad laboral es pues, impropia o parcial.

Donnelley no expone sus razones en público ni la prensa independiente la acosa clamando “queremos preguntar”. Es otra faceta, digamos lateral, de su conducta disruptiva y antidemocrática. La empresa aduce crecientes pérdidas irremontables, según se filtra de su presentación comercial. Sin embargo, según los trabajadores, produce mucho y tiene clientes importantes que le siguen pagando. Según la AFIP, el activo de la empresa es de 180 millones de pesos, superando a un pasivo de 140 millones. Los pagos de la plantilla, se dijo, están al día. Y la deuda fiscal, para el giro de la multi, es llamativamente bajo: cien mil pesos.

Claro que si la papelería está en regla y la empresa alega cesación de pagos, el juez debe dar curso rápidamente al pedido. Quien lee podría preguntarse si no correspondería que un magistrado, pensando en la justicia y la equidad, deba hacer averiguaciones por afuera del expediente. Ir a la planta, hablar con la gente, pisar un poquito el barro. La respuesta, decepcionante aunque previsible, es que no tiene obligación de hacerlo. El Poder Judicial, de ordinario, persigue la certeza. De ahí que sea tan inadecuado llamarlo “Justicia”, que debe buscarse en otros parajes y estrados.

Santicchia obró de modo legal, que no equivale a justo al conceder la quiebra de volea. Si fuera un juez atento debería honrar pronto otras de sus prerrogativas y obligaciones.

La quiebra “desapodera” al deudor; es decir, éste queda privado del manejo de su patrimonio, que pasa a ser “prenda común” de los acreedores. Desde la declaración, la dirección queda a cargo del juzgado y del síndico que éste designa.

El artículo 189 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), actualizado en el año 2011, prescribe que el síndico (o Su Señoría, si hay premura) puede continuar la explotación de la empresa. Ese rumbo puede elegirse si lo reclaman las dos terceras partes de los trabajadores, organizados en cooperativa, aunque fuera en formación.

De nuevo, ésa es la mayor urgencia social y debería regir en el expediente. Es imperioso que se resuelva en cuestión de días, el paso de tiempo complica la situación en el mundo real.

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Gremios, delegados, salidas posibles: El sindicato del sector es la Federación Gráfica Bonaerense (FGB). La comisión interna no comulga con la conducción del gremio, responde al PTS. Propios y ajenos le reconocen combatividad, varios cuadros de esa fuerza de izquierda radical fueron candidatos en las elecciones del año pasado. La situación es relativamente usual en esta etapa, uno de los cambios en el esquema de representación sindical que, cosas veredes, prosperó durante los gobiernos kirchneristas.

El Gobierno explora soluciones. Los ministros Carlos Tomada, Débora Giorgi, Cecilia Rodríguez y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunieron anteayer con dirigentes de la FGB. También lo hicieron con los de Smata por el conflicto en la autopartista Lear.

El ministro de Trabajo también dialogó con los delegados de Donnelley en el edificio de su cartera.

Empresarios gráficos forman parte del repertorio de interlocutores con el Gobierno. Según esos capitalistas, el sector no atraviesa la dramática coyuntura que lagrimea Donnelley. Tan es así que están convencidos de que otros competidores podrían absorber a los laburantes de la multinacional gringa si ésta los despidiera e indemnizara en forma. Es una hipótesis ardua de concretar, aun de comprometer. Sería una solución poco deseable, que los trabajadores resistirían por lógica desconfianza.

De nuevo, en el corto plazo, hay elementos materiales y trabajo como para proseguir con la producción. Una salida sustentable a futuro ofrece un menú hipotético de salidas. Abarcan la compra de la empresa y continuidad, la formación de una cooperativa y la estatización. Los delegados mocionan esta vía, que el Gobierno rechaza porque considera que sería impropio y riesgoso hacerse cargo de la gestión de una empresa netamente privada que no presta ningún servicio público.

La cooperativa es una experiencia creciente desde la crisis del 2001. La capacidad de los trabajadores argentinos es proverbial, la necesidad aguzó su inventiva. Hay ejemplos notables y exitosos, otros tuvieron menos fortuna o viabilidad. Un precedente flamante alienta el optimismo, es otra explotación de capital extranjero, la autopartista Visteon S. A. (ver recuadro aparte). Claro que mantener a flote un emprendimiento con más de 400 empleados es un desafío difícil.

La presencia obrera en el establecimiento garantiza que Donnelley no sustraiga maquinarias, la solvencia aparente podría lubricar el intento que depende, como ya se dijo, de la voluntad de la mayoría.

Según fuentes empresarias que conversaron con más de un ministro, hay al menos un inversor dispuesto a comprar Donnelley, lo que le exigiría garantizar todos los puestos de trabajo y los derechos adquiridos de los trabajadores, abarcando la antigüedad. La adquisición supondría un tramado legal complejo más la aprobación del juzgado comercial. Habría que ver cuál sería la respuesta de los trabajadores y El delito de quiebra de sociedades. 

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Acciones y guante blanco: La AFIP, entonces, emprende una doble búsqueda en la quiebra. Solicita la anulación, que suena muy poco viable. Y tratará, con mejores perspectivas, de ir probando que la quiebra es fraudulenta. Esa condición debe ser declarada por el juez. Su fundamento es el dolo (mala fe) de la empresa en pro de “vaciarse”, disminuir su patrimonio, realizar maniobras para burlar su responsabilidad ante los acreedores. Enumera la LCQ: quien “simula o supone deudas, o genera salidas de activos sin justificación o substrae u oculta cosas correspondientes a la masa o concede ventajas indebidas a algún acreedor”.

La quiebra fraudulenta es uno de los delitos “clásicos” penales que pueden denunciar el Estado o los acreedores. La querella presentada por la AFIP se funda en otro de tipificación más reciente. Es la “Alteración del orden económico”, prevista en el artículo 309, inciso 1) incorporado al Código Penal en 2011. Castiga a quien o quienes “realizan transacciones u operaciones que hagan subir o bajar el precio de los valores negociables o instrumentos financieros, con noticias falsas, negociaciones fingidas, o coalición entre los principales tenedores de la especie con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a determinado precio”. Con variantes lógicas, este delito está incorporado a la legislación de muchos países, incluyendo los del apodado Primer Mundo.

De ahí a que se los castigue dendeveras, media una distancia enorme. Son delitos de guante blanco: en la Argentina los repertorios de condenas por ellos están casi en blanco, a través de décadas. Pero es correcto insistir y tratar de mejorar la deplorable tendencia. Se aclara que la querella no se basa en la llamada ley antiterrorista sino en otra reforma penal que no levantó reproches ni críticas.

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Enfoques y precisiones: La oratoria oficial mencionó la ley antiterrorista, abriéndose un flanco criticable que será mejor evitar con buenos recursos. El mejor, opina este cronista, es dejarla de lado en la retórica y en el obrar concreto. Esto es, no accionar fundándose en ella. La ley antiterrorista es excesivamente laxa y abre puertas a la arbitrariedad, su aplicación puede ser inconstitucional.

En materia penal rige la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre quien acusa. Basarse en cargos muy “traídos” es incorrecto y además poco funcional. Lo más grave es zarandear una norma que puede derrapar muy fácilmente hacia lo abusivo.

La oposición política y la mediática se aferran a la ley antiterrorista para victimizar a los empresarios y validar su conducta antisocial. De eso ni se habla. Es casi imposible que esos delitos sean demostrados, tampoco sería un avance que hubiera condenas basadas en una normativa tan polémica.

La eficacia de la acción estatal no sufrirá mella, más bien al contrario. Y seguramente mejorará su posición simbólica, que (despejando ese derrape) es muy sólida.

Rafecas, quien llevará el expediente de la querella, es uno de los contados federales que saben mucho sobre quiebras. Escribió hace unos cuantos años un libro sobre el tema que nos ocupa, se titula El delito de quiebra de sociedades. En ese texto y en otros advierte sobre la impunidad por esos delitos.

Rafecas es un magistrado de buen nivel y trayectoria, sobre cuya cabeza pende una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Está latente desde hace rato, tanto que debería archivarse a mediados del año próximo si no avanza. En un raro caso de coincidencia bipartidista, integrantes del Gobierno y consejeros radicales van a por él, como réplica a sus investigaciones sobre el ex presidente Fernando de la Rúa y el vicepresidente Amado Boudou. El jury sigue abierto, una sanción sería una injusticia manifiesta, una desmesura. Por si hiciera falta, eso añade presión sobre un juez que merece mejor trato institucional.

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Capitalismo y delito: Dirigentes de la FGB confían en la predisposición del juez Santicchia para proteger la fuente de trabajo. Su Señoría deberá ponerse las pilas y contrariar la proverbial lentitud promedio de los tribunales.

Otros detalles deberían llamar su atención. Corresponde, conforme la LCQ, prohibir salir del país por un año a los administradores y directores de Do-nnelley. A menudo, ese elenco se cambia un tiempito antes para aliviar de molestias a los pesos pesado de la empresa. Es buena praxis revisar ese detalle y tomar buena nota. No es delito, pero es un hecho a corroborar para elaborar criterios.

De cualquier modo, vale la pena hablar de contextos y no sólo de delitos. Estas son circunstancias especiales, en caso de duda corresponde la absolución. Las conductas odiosas y antisociales trascienden el inventario penal. Una empresa que baja la cortina de sopetón y deja en banda a 400 familias habla del salvajismo capitalista. El sesgo se acentúa cuando son grandes la concentración y la extranjerización de la economía. Esta nota no tiene por qué teorizar sobre los móviles de los “hombres de negocios”, lo que sí cabe a sus lectores. Sea para ponerle un palo en la rueda al Gobierno que ha defendido los derechos de los trabajadores, sea para reaccionar contra gremios y delegados luchadores, sea para ir tratando de incidir en el futuro de las relaciones laborales, sea para recolocarse en otro rincón del planeta,,,

Un capitalismo sin escrúpulos es un dato de la etapa. El Estado debe tratar de matizarlo en una lucha que es dispar si no cuenta con decisión, con apoyo de la población. O si no elige bien sus herramientas.

El personal de Donnelley y el Gobierno se han colocado en la postura deseable. El silencio de la mayoría del espectro opositor o sus apoyos mezquinos a la multinacional son un timbre de alerta, que resuena más allá de la planta de Garín.