La Superintendencia de Servicios de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, declaró en situación de crisis a dos nuevas obras sociales: la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana (R.N.A.S. Nº 1-2670-0) y la Obra Social de los Conductores de Taxis de Córdoba (R.N.A.S. Nº 1-2180-4). La medida se formalizó a través de las resoluciones Nº 1755/2025 y Nº 1767/2025.

Según informó el organismo, ambas entidades presentan incumplimientos en la entrega de balances y estados contables, además de deficiencias en la gestión institucional y falencias económico-financieras. Estos factores provocaron que superaran los niveles críticos de funcionamiento previstos en la normativa vigente.

En consecuencia, se las intimó a presentar un plan de contingencia en un plazo máximo de 15 días, con medidas correctivas y metas trimestrales. El cumplimiento de estas acciones será monitoreado por el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro.

Con estas incorporaciones, ya suman 14 las obras sociales declaradas en crisis. A la par, la Superintendencia avanza con siete procedimientos de baja y mantiene ocho entidades bajo intervención.

Desde el organismo remarcaron que estas decisiones forman parte de un proceso de reordenamiento del sistema de salud, con el propósito de garantizar que las obras sociales puedan brindar prestaciones de calidad, fortalecer la transparencia en la gestión y asegurar la libre elección de los beneficiarios.

Como contracara, las denuncias sobre negociados en las obras sociales intervenidas por los libertarios se multiplican. Es una obviedad el caso de Osprera, la Obra Social de los Peones Rurales, donde llueven facturas de empresas vinculadas a los Menem y se investigan las relaciones con el laboratorio Suizo Argentina.

Más allá de ese ejemplo, la intervención del Gobierno en otras obras sociales también generaron denuncias por déficit de prestación. En la Obra Social del Personal del Chacinado denunciaron que la intervención fue por «presuntas infracciones o imputaciones a las obligaciones formales de la Obra Social» que se hicieron «sin la posibilidad de ejercer el derecho de defensa». El gremio presento una cautelar a la que la hizo lugar la Sala VI de la Cámara del Trabajo, que ordenó reponer a las autoridades previas a la intervención, hasta tanto se obtenga una sentencia definitiva y firme. Sin embargo, el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones interpuso en los últimos días un recurso extraordinario.

Por su parte el Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma denuncia que la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero no homologa aún las autoridades electas en noviembre de 2024. Por esa demora, tienen sus cuentas bancarias bloqueadas y no pueden administrar la obra social.

En el gremio alineado a la CTA Autónoma denuncian este hecho como parte del hostigamiento que ejerce el Gobierno Nacional en complicidad con la patronal del Ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier. Además, acusan al diputado nacional por Jujuy, el libertario Manuel Quintar, busca quedarse con la Clínica y la Obra Social de los trabajadores azucareros.