Por Ricardo Carpena

“Se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos”. El mensaje salió publicado este domingo en la cuenta de @CoherenciaFavor en las redes sociales y lo retuiteó Javier Milei. ¿Qué significa el gesto del Presidente? En la Casa Rosada revelaron que el primer mandatario está muy preocupado por el récord de demandas judiciales que se alcanzará en 2025 en el Sistema de Riesgos del Trabajo y, a la vez, por la ola de fallos de la justicia laboral que benefician al sindicalismo y perjudican al Gobierno.

Por eso se espera que, tras su guiño en las redes sociales, Milei ponga en la mira a los jueces laborales porque cree que “han colaborado fuertemente en destruir a las pymes argentinas y en desalentar inversiones” y que “el daño que han hecho es irreparable”, según fuentes oficiales.

Para el Gobierno, la sucesión de fallos judiciales en contra del DNU 70, que incluía un capítulo laboral; del DNU 340, que reglamenta el derecho de huelga en 17 actividades, y del DNU 430, que eliminó el Día del Trabajador del Estado, es una muestra de que “la Justicia Laboral responde a los sindicatos”, por lo que se prevé una fuerte ofensiva presidencial para poner en foco a los magistrados de ese fuero.

“Los jueces laborales son impunes en la Argentina. Atrasan 100 años. Ninguno puedo explicar cómo vive. Por eso hay que abrirles jury en el Consejo de la Magistratura y designar nuevos para cubrir las vacantes”, dijo a Infobae una fuente libertaria.

La última destinataria de la furia gubernamental es Moira Fullana, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal, que es la magistrada que hace un mes declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del DNU 340 que reglamentó el derecho de huelga ante una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la semana pasada dictó un fallo similar tras una denuncia impulsada por la CGT. También dictó una sentencia contra el Gobierno por la eliminación del Día del Trabajador del Estado.

En la línea que explicitaría Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó a Fullana como “jueza militante” y señaló en X: “La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”.

La jueza laboral Moira Fullana, en la mira del Gobierno

Ahora, el Gobierno decidió hacer un análisis de los fallos que viene dictando la Justicia del trabajo para tener estadísticas que demostrarían la “parcialidad” de los jueces. “Son una casta total y estamos hartos de ellos; nos declararon la guerra”, afirmó el mismo funcionario, con fuerte predicamento en el Gabinete.

¿Cuál es el plan del Gobierno para contrarrestar la andanada de fallos adversos? En principio, en la administración Milei hablan de “una expectativa novedosa” puesta en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ): un fallo de la Corte Suprema dictado en diciembre pasado habilitó al tribunal porteño a intervenir como instancia superior en causas civiles, comerciales, laborales y penales.

A mediados de marzo, el TSJ ya había recibido un total de 180 causas enviadas por la Corte Suprema , desde que éste tribunal determinó, en diciembre pasado, que el TSJ debe actuar como instancia superior en apelaciones de la justicia nacional. De ese total de causas, 140 correspondieron al fuero laboral, 16 al civil, 7 al penal y 3 al comercial.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema

La mayoría de los jueces nacionales reaccionaron en contra de la decisión de la Corte, con el argumento de que excede las facultades constitucionales del máximo tribunal, pero ahora el Gobierno estaría decidido a quebrar esa resistencia apurando el traspaso de juzgados laborales y comerciales de la Nación a CABA para cumplir lo establecido en la Constitución Nacional en la reforma de 1994.

De todas formas, en la Casa Rosada admitieron que, si no hay traspaso de juzgados, “no hay nada normativo que se pueda hacer” para limitar a los jueces laborales, aunque se prevé que La Libertad Avanza podría tener más legisladores en el Congreso desde diciembre para ir hacia una modificación del procedimiento de la justicia laboral, que permitiría agilizar el funcionamiento del fuero.

En el oficialismo apuestan a desgastar a los magistrados laborales mediante el ataque directo del Presidente, que “visibilizaría los problemas que generan para que se haga justicia”. Incluso hay funcionarios que piensan ir más allá: “Hay que investigar el patrimonio de los jueces laborales y que se conozcan sus caras y nombres”, dicen.

Inés Weinberg, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

De la misma manera, Milei quiere actuar con medidas concretas para “desbaratar la industria del juicio”, sobre todo luego de que conoció un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) que revela que, en un año, se iniciaron demandas por un valor equivalente a 6.891.653 salarios mínimos, generando un costo superior a $2 billones en el período que va de junio de 2024 a mayo pasado. “El 2025 será récord: se estiman 130 mil nuevas demandas”, advierte el documento, que describe una situación de judicialización sin control.

El relevamiento destaca que la Provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los juicios, seguida por CABA con el 19% y Santa Fe con el 14%, configurando un escenario en el que cada mes se presentarían más de 10.000 demandas nuevas.

Según la UART, en aquel período se verificó una reducción del 81% en la mortalidad laboral, evitando 19.000 muertes, y una baja del 55% en la siniestralidad, con 4,7 millones de accidentes evitados y también se registró una disminución del 39% en la gravedad de los siniestros.

El índice de judicialidad del sistema de riesgos del trabajo, según el informe de la UART

Sin embargo, se incrementó la litigiosidad: entre junio de 2024 y mayo de 2025 se contabilizaron 126.700 juicios. La UART estima que la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos, dato que describe como el verdadero “costo argentino”.

La entidad denuncia que esta situación no se explica por un aumento en los accidentes ni por un deterioro en el servicio sino a un fenómeno asociado a “pericias médicas judiciales infladas” que superan en 12,5 puntos el Baremo oficial y a tasas de interés judiciales “desproporcionadas”, ya que estas condiciones convierten “cada juicio en una oportunidad financiera sin igual, no en un reclamo legítimo”.

Por eso, en el Gobierno se están evaluando una serie de cambios en el Sistema de Riesgos Laborales que permitan cumplir con el objetivo de “sancionar a los abogados que mienten y hacen negocios”.

Mauricio Macri embistió contra la industria del juicio cuando fue presidente de la Nación

El malestar por este tema no es nuevo. Cuando fue presidente de la Nación, Mauricio Macri consideró que la Justicia Laboral era un fuero “maldito” de donde salieron muchos fallos judiciales que frenaron algunas decisiones que tomó durante su gobierno y que favorecieron a los sindicatos.

Por eso no fue casual que en 2017 Macri haya embestido contra “la mafia de los juicios laborales” que complican la generación de empleo y acusó a “un grupo de estudios de abogados y un grupo minoritario de jueces laboralistas conducido por (Héctor) Recalde”. En el caso de los abogados, se quejó de que “los estudios laboralistas convencen a un pibe de una pyme de que tiene que hacer ese juicio y dejan a 7, 8, 10 o 12 trabajadores en la calle porque la pyme cierra”. “Queda un montón de gente sin acceder a un trabajo porque el que tiene que tomar decisiones tiene miedo de que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos”, agregó el entonces presidente de la Nación.