Tras la bronca con el hoy secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, por el pago de más de $220 de pauta publicitaria oficial adeudada, a principios de febrero, el Poder Ejecutivo pasó la Secretaría de Comunicación a Manuel Adorni, en línea con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y restando funciones a Serenellini, a través del decreto 110/2024. En ese contexto, el vocero presidencial sumó a su área a Horacio Minotti, para ocupar el mismo cargo que tuvo durante el gobierno de Mauricio Macri: director nacional de Publicidad Oficial. Según pudo averiguar Data Gremial, este funcionario es el señalado de hacerle el “trabajo sucio” al vocero y a la hermana del Presidente con el despidos de centenares de trabajadores estatales.

Este portal pudo confirmar que entre los despedidos en la Secretaría de Comunicación no solo había contratados, sino personal de planta. En ese sentido, se habló con una trabajadora y un trabajador (N. de R: prefirieron mantener sus identidades en reserva) que tenían más de 20 años de antigüedad y fueron cesanteados el último mes. En ambos casos, se trata de sostenes de familia. Incluso uno de ellos está cursando un tratamiento médico debido a una enfermedad crónica.

Pero no todo queda ahí. Cabe recordar que esa resolución que le quitó funciones a Serenellini, le traspasó a la Secretaría de Comunicación de Adorni también el control de los medios del Estado. Entre ellos, la TV Pública, Radio Nacional, la agencia Télam y Contenidos Públicos SE, que tiene señales como Encuentro, Pakapaka y Contar. Justamente Minotti sería el señalado de haber ejecutado los cientos de despidos en esas empresas.

Juicios laborales que le podrían costar millones de dólares al Estado

Más allá de que cada uno tenga su interventor, Minotti es señalado de ser también el lugarteniente de Adorni y Karina Milei en el plan de desmantelamiento de los medios públicos, que avanzó con una primera etapa de despidos mediante la no renovación de contratos.

Sin embargo, la realidad está llevando a una situación de confusión al gobierno libertario de cómo seguir. Es que la idea original era “deshacerse” de los cerca de 4.000 empleados de los medios públicos estaría resultando inviable, a no ser que Javier Milei decida todas maneras afrontar un gasto millonario del Estado en indemnizaciones por juicios laborales que, se calcula, rondaría un total de $500 millones de dólares.

Es que para botón de muestra solo alcanza con ver el ejemplo de Télam. En marzo, el Presidente ordenó que la agencia deje de funcionar, se dio de baja su sitio web, las dos sedes amanecieron valladas y sus empleados fueron "dispensados" de ir a trabajar.

Pero la realidad es que hasta ahora menos de 100 empleados firmaron los retiros voluntarios que ofrece el Gobierno, sobre 780 empleados totales que tenía Télam cuando cerró sus puertas. No llegan al 15% del total, mientras que 680 siguen cobrando sus salarios como si fueran a trabajar todos los días y nada ocurriera allí.

El Gobierno puso un plazo límite para que acepten el plan de retiros voluntarios en Télam, hasta el 10 de abril. Pero una vez que llegó la fecha tuvo que extenderla por un mes por no lograr su objetivo.

"El problema es que cuando uno va a hablar con la gente de Recursos Humanos, te dicen que el monto máximo que pueden pagar es de $ 23,5 millones, más allá de la antigüedad que uno tenga en la agencia. Y esa no es una cifra razonable para los que tenemos más de 10 años ahí, cargos altos o los que tienen inmunidad gremial", dijo recientemente un empleado de Télam en declaraciones a medios.

Otro empleado ratificó esos datos y agregó: "Hernán Lombardi puso más de 100 millones de dólares y con esa plata despidió al 40% de los empleados, cuando gobernaba (Mauricio) Macri, de los que la Justicia laboral impuso que volvieran más de 200, mientras que el resto aceptó las indemnizaciones y no volvió”. ¿Otra vez van a quemar la plata los funcionarios nacionales?, es la pregunta que ronda.

Es que en junio de 2018, la gestión de Rodolfo Pousá en Télam y Lombardi como titular del Sistema de Medios Públicos, despidieron a 354 empleados, que eran el 40% de los 878 empleados totales. Pero la mayoría de los despedidos reclamaron ante la Justicia laboral y 225 fueron reincorporados, mediante un plan de devolución de indemnizaciones, años después y sin intereses, que hizo licuar ese dinero en beneficio de los despedidos.

En este caso, además habría que tener en cuenta que la situación se extendería al resto de los medios públicos.