A partir de abril, los monotributistas de todo el país enfrentan un nuevo incremento en sus obligaciones mensuales. La actualización, que alcanza el 14,2%, responde a la inflación acumulada entre julio y diciembre del año pasado y repercute directamente en el componente impositivo, jubilatorio y de obra social. Esto impacta sobre el ¿“crecimiento del empleo”? que se jacta el Gobierno.

El esquema aplasta de lleno un universo que supera los 5 millones de trabajadores que integran lo que ya se denomina como la “patria monotributista”. Se trata de un sector cada vez más amplio dentro del mercado laboral argentino, atravesado por la informalidad y la uberizacion del sistema, sumada la necesidad de sostener su encuadre dentro del régimen simplificado.

En términos concretos, la categoría A, la más baja del sistema, pasa a tener una cuota mensual de $42.386, mientras que en el extremo superior, la categoría K, el aporte asciende a alrededor de $1.300.000 para quienes abonan la totalidad de los componentes.

El mecanismo de actualización mantiene la lógica vigente: primero se incrementan los topes de facturación —lo que habilita a los contribuyentes a mantenerse dentro de su categoría— y luego se ajusta el monto a pagar. Este desfasaje temporal implica que el aumento de la cuota se aplique con inflación pasada, lo que termina consolidando subas acumuladas.

El próximo ajuste ya tiene fecha prevista: será en septiembre de 2026, cuando se traslade a las cuotas la inflación correspondiente al primer semestre del año. De esta manera, el sistema continúa con su esquema de actualización semestral, aunque con impacto diferido.

En este contexto, el monotributo vuelve a quedar en el centro de la discusión sobre el costo de la formalidad y, lo que es peor, el fin de la misma. Esto incrementa su carga económica sobre trabajadores independientes, informales, que se “cayeron” del sistema laboral, pequeños contribuyentes y sectores muy precarizados.